Diciembre 9 de 2009
La libido del poder
Con Álvaro Uribe en la Presidencia, las Farc perdieron terreno y se desmovilizaron las Auc, pero se congeló la política y se deterioraron las instituciones.
Cuando en mayo de 2002 Álvaro Uribe fue elegido presidente, el país estaba prácticamente arrinconado por las Farc, que habían aprovechado las negociaciones del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana para fortalecerse en lo militar pero sin percatarse del retroceso en lo político.
En medio de la grave situación de orden público, los colombianos compraron el discurso de mano dura contra la guerrilla de Uribe que, pese a su origen liberal, jugaba como independiente a la cabeza del movimiento Primero Colombia. Cerca de seis millones de colombianos votaron por él y gracias a eso el ex gobernador de Antioquia empezó a escribir el primer capítulo de la historia colombiana del siglo XXI por fuera de los partidos. "Acabó de un brochazo el bipartidismo liberal-conservador que había gobernado el país", dice el constitucionalista Juan Manuel Charry.
Si bien la Constitución del 91 les abrió la puerta a movimientos cívicos e independientes, antes de Uribe y con excepción de Rojas Pinilla que llegó al poder por un golpe militar, los presidentes habían sido elegidos a nombre de los partidos tradicionales. Incluso los conservadores Belisario Betancur y Andrés Pastrana, que se presentaron como candidatos suprapartidistas, lo hicieron con el apoyo de su partido. Según el ex senador Rodrigo Rivera, quien se opuso a la primera reelección, pero hoy apoya la posibilidad de la segunda, "con Uribe el país recobró la esperanza y se llenó de confianza para no seguir transigiendo con las políticas claudicantes de gobiernos anteriores frente a las guerrillas". Así, el rechazo generalizado y los exitosos golpes a las Farc, lo mismo que el giro a la derecha del país sirvieron de caldo de cultivo para la primera reelección en 2006, cuando volvió a ganar en la primera vuelta con una histórica votación de 7,3 millones de sufragios. "Uribe le dio carta de ciudadanía a la derecha que se tapaba la cara y se escondía: autoridad, orden por encima de libertad, protección a los ricos, aplazar el 'gustico', penalización de la dosis personal, cercanía con la Iglesia, confesionalismo...", asegura el constitucionalista liberal Humberto de la Calle.
Los siete años de Uribe en la Presidencia y el empeño en un tercer mandato han significado una parálisis de la política, que no ha podido salirse de ese centro de gravedad que es el Presidente, cuyo estilo microgerencial de gobernar y su concepción personalista del poder han tenido consecuencias negativas para las instituciones, incluso para la misma institución presidencial, que se ha desdibujado como centro de conducción política.
En su primer gobierno, mientras el Presidente ganaba apoyo y confianza entre la gente, lo fueron perdiendo aun más el Congreso y los partidos, de por sí muy desprestigiados. Los ministros fueron convertidos por Uribe en simples mensajeros y los consejos comunitarios en el foro para asignar recursos y responsabilidades y entrar en contacto directo con la gente. Uribe suprimió los intermediarios, cooptó al Partido Conservador e intentó dejar en ruinas al Liberal con la promoción de minipartidos como La U y Cambio Radical, entre otros. Y además se dedicó a estigmatizar al Polo Democrático y a fomentar un ambiente de polarización bajo la premisa de que "el que no está conmigo es aliado del terrorismo".
En el proceso de concentración del poder en su figura fue trasgrediendo el ordenamiento jurídico e institucional. En ese afán arrió las banderas de la corrupción y la politiquería, como fue evidente en la primera reelección cuando altos funcionarios -y él mismo- acudieron a viejas prácticas clientelistas para lograr apoyo al proyecto que le abría las puertas para permanecer en la Presidencia, que derivó en la llamada 'Yidispolítica', y en el rompimiento del equilibrio del sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público. "Uribe puede repetir lo que dijo Luis XIV: 'el Estado soy yo'", asegura el ex ministro Jaime Castro. Y De la Calle agrega: "Con su dosis inédita de personalización del poder, ha frenado la descentralización".
La figura de Uribe y su política de Seguridad Democrática han llenado casi todo el espacio político de la primera década del siglo. La seguridad democrática no solo ha sido la causa del repliegue de las Farc y de la desmovilización de las Auc, sino de los problemas con Ecuador y Venezuela, del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, de las 'chuzadas' del DAS a miembros de la oposición y a magistrados de la Corte Suprema, del enfrentamiento con este alto tribunal, que tiene como telón de fondo la 'parapolítica' a la cual están vinculados más de 60 congresistas aliados del Gobierno, y cuyo último capítulo es la elección del fiscal general. Pero esa política ha sido también la que permitió la "confianza inversionista" y la del modelo con sesgo pro-ricos y asistencialista.
La exagerada presencia en los medios y en los consejos comunitarios acompañada de enormes recursos, y su intervención en lo divino y en lo humano, en lo micro y en lo macro, le han permitido hacer campaña permanente, situación que conspira contra los candidatos de oposición que no tienen posibilidades de exposición comparables, en momentos en que la suerte del referendo no ha sido definida y la posibilidad de una candidatura de Uribe pende como espada de Damocles sobre la cabeza de los candidatos que aspiran a sucederlo. "La reelección monopolizó y congeló la vida política del país -sostiene el ex ministro Castro-. Lo único que cuenta es lo que el Presidente proponga, diga, haga o deje de hacer".
Estos años de polarización derecha-izquierda han golpeado sensiblemente el centro del espectro político. Sin embargo, como en general Colombia no ha sido proclive a los rompimientos institucionales, podría pensarse que un tercer mandato de Uribe, si la Corte Constitucional lo permite, comienza a perder calado entre los colombianos, que empiezan a darse cuenta de las implicaciones y riesgos que una segunda reelección tendría para las instituciones y la democracia aún precaria.
Por Gerardo Aristizábal,
editor político de CAMBIO