Congresistas reconocen que el costo de campañas sobrepasa los límites legales

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La financiación de las campañas electorales se tomó el debate sobre la reforma política que aprobó el Congreso este año y que ahora está en proceso de reglamentación. Según los estimativos del Gobierno y del Congreso, en las elecciones del próximo año los aspirantes al Senado podrán gastar hasta 750 millones de pesos (el 5 por ciento de los 15.000 millones estimados para los candidatos presidenciales en la primera vuelta) y los de la Cámara tendrán un tope de 385 millones.

Con base en estas expectativas, CAMBIO consultó con congresistas de todos los partidos cuánto vale en realidad una campaña, y en privado todos reconocieron que en Colombia nadie respeta los topes legales. "No nos echemos cuentos: acá todos nos saltamos los gastos de campaña -afirma un senador de la Comisión Primera-. Desde el Presidente de la República hasta un edil declaran menos gastos".

Por eso en la discusión sobre la reglamentación de la reforma política, congresistas de partidos diferentes  como Juan Carlos Vélez, de La U; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Parmenio Cuéllar, del Polo Democrático, dijeron que así suene mal en tiempos de austeridad fiscal, es hora de que en el país se abra el debate sobre la financiación estatal del ciento por ciento de las campañas políticas.

"Por más honorable que sea un candidato no es democrático que se gaste en un campaña al Senado 2.000 millones de pesos, así sean de sus recursos personales", dijo Vélez, mientras que Cuéllar agregó que "en cambio otros hacemos campaña adquiriendo créditos bancarios que después pagamos con lo que el Estado nos reconoce en relación con la votación que alcanzamos".  En este orden de ideas, un congresista que salga elegido con 40.000 votos, por ejemplo, si recibe por cada sufragio 4.600 pesos, que es la propuesta del Gobierno, estaría recuperando 184 millones de lo invertido en campaña. "Y eso no es mucho para las millonadas que se gastan algunos que son financiados con aportes de contratistas del Estado, pero sí para quienes no tenemos amigos ricos que nos paguen las campañas", dice el senador Héctor Helí Rojas.

En medio del debate, vuelve a la memoria el caso del ex senador conservador Alirio Villamizar, encarcelado hace tres meses por orden de la Corte Suprema de Justicia por denuncias en su contra en el sentido de que estaba cobrando una cuota mensual a notarios que eran sus cuotas políticas. En su lujosa casa de Bucaramanga el CTI de la Fiscalía encontró cerca de 1.000 millones de pesos que, según un senador liberal, "eran apenas la caja menor de lo que iba a gastar en su campaña".

De acuerdo con lo que le contaron los mismos congresistas a CAMBIO,  la publicidad en los medios masivos de comunicación y los gastos del último día de campaña son los que se comen gran parte de los recursos. "El día de las elecciones toca pagar transporte para movilizar a los votantes, imprimir más propaganda y hasta darles un refrigerio a los que sirven de testigos electorales", reconoce el senador Samuel Arrieta. No obstante, la mayoría de estos gastos no son registrados en los libros que deben ser entregados al Consejo Nacional Electoral como soportes de los gastos de campaña.

El debate que se lleva a cabo en el Congreso ofrece pocas esperanzas de llegar a conclusiones que puedan solucionar la falta de control del Estado sobre los gastos electorales. Para empezar, porque las épocas de campaña no suelen ser los mejores momentos para definir las normas que afectan a la competencia. El tire y afloje que protagonizaron los partidos de la coalición de Gobierno y los de la oposición obedece más a las necesidades  de cada uno para la próxima contienda, que a una controversia sobre los mejores criterios que se deberían adoptar desde el punto de vista institucional, de largo plazo. Pero también hay diferencias de fondo desde el punto de vista conceptual. Aumentar el porcentaje de financiación por parte del Estado tiene inconvenientes, como su impacto fiscal, en especial en tiempos de crisis, y la definición de criterios para distribuirlos en forma equitativa. No es popular, tampoco, que el dinero de los contribuyentes se destine a pagar campañas de políticos desprestigiados. Sin embargo, en el otro lado de la moneda el pago estatal reduce la vulnerabilidad de los candidatos -futuros gobernantes y congresistas- al chantaje de quienes los patrocinan.

"Entre mayor financiación estatal, menor corrupción al no tener que estar sometidos a los patrocinadores privados", concluye el senador conservador Hernán Andrade, firme defensor de que el Estado aumente el valor de lo que reconoce por cada voto.

Son temas complejos. Tanto, que existe la posibilidad de que el Senado no alcance a completar el trámite en la presente legislatura. Aunque el propósito del Gobierno es sacarla adelante, no se puede descartar que la campaña de 2010 se lleve a cabo con las desgastadas leyes que regían hace cuatro años, y que precisamente se buscaron mejorar con esta reforma política.