Campaña electoral avanza con ventaja para los uribistas

Sábado 17: con permiso del presidente Uribe, durante 15 minutos el precandidato presidencial Andrés Felipe Arias habló en el Consejo Comunal Anticorrupción. Foto: Presidencia.

Los 15 minutos que el sábado pasado le concedió el presidente Uribe al ex ministro y precandidato conservador Andrés Felipe Arias en un consejo comunal para defenderse de las acusaciones por el mal manejo de los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro y su concentración en manos de unos pocos, desataron la polémica sobre las garantías necesarias para quienes aspiran a la Presidencia de la República en un campaña que está calentando motores y sobre la cual gravita el fantasma de la segunda reelección del Presidente.

"Fue una utilización indebida de los espacios de televisión en los canales públicos", aseguró el candidato liberal Rafael Pardo, quien exigió el derecho de réplica y en carta a la Comisión Nacional de Televisión pidió definir las condiciones de tiempo, medio y espacio para debatir la política agraria del Gobierno. "Fue un montaje para tapar un torcido -señaló el senador del Polo Jorge Robledo-. El presidente Uribe tuvo una participación en política absolutamente descarada". Y el candidato independiente Sergio Fajardo consideró que "se hizo trampa" a favor de Arias.

El incidente no es solo la antesala y un abrebocas del agrio debate que se avecina, sino sobre todo un llamado de atención acerca de las necesarias garantías para el ejercicio proselitista en condiciones en las cuales el candidato del Gobierno -el Presidente mismo o sus posibles herederos- tienen de entrada una ventaja considerable. ¿Cómo, entonces, impedir que el Gobierno utilice los recursos del Estado en su favor? ¿Cómo dar un mínimo de garantías a los candidatos en momentos en que oficialmente no se ha dado el banderazo de partida de la campaña, pero el Presidente, posible candidato, tiene a disposición todos los medios para hacer campaña así sea en forma disimulada pues esa es su forma de gobernar? A todo esto se suma el hecho de que la suerte del referendo no está decidida y ya no hay tiempo, como lo hubo hace cuatro años, para que el Presidente, en caso de que la Corte Constitucional lo habilite para aspirar a la reelección, pueda declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidato el 30 de noviembre, seis meses antes de la votación en primera vuelta (30 de mayo).

La confusión reina, pues mientras los uribistas sostienen que la Ley de Garantías aprobada en 2005 no es aplicable en este caso, expertos constitucionalistas aseguran lo contrario. Por ejemplo, el uribista Samuel Arrieta, presidente de la Comisión Primera del Senado, afirma que la Ley de Garantías no se aplica porque fue hecha para una reelección y no para dos, y que "habría que proponer una ley urgente pero no alcanza el tiempo y, además, no podemos legislar con base en un hecho hipotético, porque lo cierto es que hoy el Presidente no puede ser candidato". El senador de La U, Armando Benedetti, por su parte, sostiene que "Si es aprobada la segunda reelección por mandato popular, esa reforma constitucional estará por encima de las demás leyes electorales, como la Ley de Garantías, y el Presidente puede anunciar su candidatura en febrero o marzo del año entrante".

En abierto desacuerdo con la posición de los uribistas se muestra el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, que sostiene que "Mientras la Constitución no sea modificada, la Ley tiene que cumplirse porque está vigente y tiene carácter indefinido porque no fue condicionada a una sola reelección". Y agrega que "el referendo no deroga las garantías electorales y por eso mismo no puede adelantarse la campaña presidencial sin Ley de Garantías, pues no puede suponerse que la norma está destinada a no tener efectos". Por estas razones el constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que "La Corte Constitucional debería armonizar la aplicación de la Ley de Garantías para hacer efectivos los derechos de la oposición y las minorías, independientemente de la fecha en la que sea aprobado el referendo".

Si el alma del Presidente se debate en una encrucijada, la campaña presidencial se enfrenta a la confusión creada por la falta de definición y de garantías. Según el calendario electoral establecido, los candidatos deben inscribirse a más tardar el 2 de febrero, y si para entonces el presidente Uribe no ha anunciado oficialmente su candidatura, no tendrá limitación alguna para inaugurar obras, disponer de los espacios de la radio y la televisión públicas, movilizarse en vehículos y helicópteros oficiales, tener una mayor exposición en los medios de comunicación privados y otras gabelas derivadas de su condición de Jefe del Estado, una situación indudablemente ventajosa frente a los demás aspirantes que, además, deberán llevar minuciosa cuenta de los aportes a sus campañas.

Pardo estima que el presidente Uribe "ha dado muestras de no tener pudor para participar en política" y por eso convocó a los demás aspirantes a la Presidencia y a los partidos políticos a hacer un acuerdo para establecer, por lo menos, "unas garantías mínimas". El senador Arrieta sugiere que para que el Presidente evite señalamientos en el sentido de que saca provecho voluntaria o involuntariamente de su condición, podría "autorregularse y suspender, por ejemplo, los consejos comunales mientras se decide la suerte del referendo". Por ahora son solo sugerencias, porque lo cierto es que la campaña avanza bajo la ley del embudo: el lado ancho para el Presidente y el angosto para los que aspiran a sucederlo. Un panorama propicio para que se presenten incidentes como el que ocurrió el sábado pasado por la presencia del precandidato Arias en un consejo comunitario presidido por Uribe.