La 'terna inviable'

Foto: Archivo Cambio

(Página 1 de 2)

"Independientemente de su especialización, ¿tienen los aspirantes al cargo de fiscal general de la Nación una actitud de penalistas que les permita comportarse técnicamente dentro de un proceso judicial?". La pregunta, que encabezaba el test de elegibilidad preparado por la Corte Suprema de Justicia, fue respondida con un 'no' por 14 de los 23 magistrados que integran la corporación.

La tendencia siguió siendo la misma cuando otro de los puntos del cuestionario indagó sobre las posibilidades de los candidatos para actuar con solvencia en la aplicación del sistema penal acusatorio, donde los procesos verbales, breves y sumarios, exigen a los representantes de las Fiscalías demostrar sus destrezas en la presentación, crítica y valoración de las pruebas.

Aunque el cuestionario no incluyó ninguna pregunta sobre las calidades éticas de Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio, algunos de los magistrados que conformaron el grupo mayoritario, entre ellos cinco de los magistrados de la Sala Penal, consideraron que la Corte no podía actuar de espaldas a la opinión pública ni pasar por alto las graves denuncias publicadas profusamente por los medios de comunicación sobre posibles "comportamientos deshonrosos" por parte de al menos dos de los candidatos postulados por  el Gobierno.

La opinión desfavorable que la  Corte tenía de la terna comenzó a hacerse evidente desde julio pasado, cuando los aspirantes presentaron sus propuestas durante una audiencia transmitida por televisión, pero quedó formalizada en el acta de la Sala Plena del pasado jueves 17 de septiembre, cuando debía iniciarse la votación para escoger a quien habrá de suceder a Mario Iguarán en la Fiscalía.

Ese día, el magistrado Augusto Ibáñez, presidente del alto tribunal, tuvo dificultades para evitar que el debate se concentrara en las posibles tachas morales de los candidatos incluidos en la terna por el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, consiguió convencer a sus colegas que se concentraran en las "pautas de elegibilidad" guiadas por el test que había sido preparado de común acuerdo.

Si bien estaba previsto que habría una votación por los candidatos, una proposición que tuvo origen en la Sala Penal modificó los planes. Sus autores proponían declarar "no viable" la terna y devolverla al Presidente de la República. Como no había antecedentes de normas ni de jurisprudencia al respecto, el debate exploró las posibilidades de que una decisión en ese sentido podría afectar el orden constitucional.

Razones de conveniencia

La preocupación inicial estaba justificada. Desde el punto de vista formal, los tres candidatos cumplían los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo y, en ausencia de una decisión judicial de fondo contra alguno de ellos, no podría darse por sentado que sus antecedentes los harían no aptos para desempeñar el cargo. Sin embargo, la Corte decidió apelar a razones de conveniencia y, desde esa perspectiva, optó por considerar la propuesta.

"Si los aspirantes no eran considerados aptos para desempeñarse con solvencia en la compleja tarea de investigación y acusación en materia criminal, mal podríamos permitir que alguno de ellos llegara a un cargo de tanta responsabilidad para con el país", le dijo a CAMBIO uno de los magistrados. La proposición fue votada y consiguió 14 votos a favor y 8 en contra.