Ecuador niega colaboración en el caso de 'Raúl Reyes'

Ecuador le ha ocultado a Colombia información sobre los números de serie de las armas abandonadas en el campamento de 'Raúl Reyes'. Foto: Policía Nacional

El 1 de abril de 2008, un mes después de la Operación Fénix en la cual fue abatido 'Raúl Reyes', la Fiscalía colombiana, amparada en acuerdos de cooperación judicial, pidió al gobierno ecuatoriano los números de series de las armas encontradas entre los escombros del campamento que el segundo hombre de las Farc tenía en la región de Sucumbíos. Los fiscales colombianos de la Unidad Antiterrorismo necesitaban esa información para identificar a los proveedores internacionales del material, entre ellos oficiales ecuatorianos. El silencio ha sido la respuesta. La solicitud reposa en la gaveta de 'pendientes' del fiscal general ecuatoriano, Washington Pesantez, quien se queja, sin embargo, de que Colombia no ha colaborado con su país en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la ruptura de las relaciones diplomáticas. En julio del año pasado dijo que, pese a la crisis diplomática, los mecanismos de cooperación judicial se habían activado por iniciativa suya, y cuestionó al el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, Francisco Echeverri, por no haber entregado la información requerida por Quito.

Pero mientras Pesantez y sus subalternos niegan información a los fiscales colombianos, en por lo menos tres ocasiones han exigido a Bogotá que envíe datos sobre todos los colombianos que participaron en la operación militar, con el propósito de abrirles procesos judiciales e imputarles cargos por violación de la soberanía. La primera solicitud llegó a la Fiscalía el 27 de marzo de 2008 -oficio No. 02293- firmada por Alfredo Alvear Enríquez, director de Asesoría de la Fiscalía ecuatoriana. Pedía todos los documentos que soportaron al ataque militar, copias certificadas del expediente colombiano y, además, "la nómina de oficiales y demás personal que participó en la operación militar, lo mismo que el nombre de la persona que los comandó". La petición fue reiterada por el fiscal Pesantez en mayo y luego en julio, esta vez  por medio del embajador Gonzalo Salvador Holguín, director de asesoría jurídica de la Cancillería colombiana. El Fiscal le pidió al Embajador "insistir por vía diplomática" en la entrega de la información, independientemente del rompimiento unilateral de las relaciones por parte del gobierno de Correa.

La intención de Ecuador de procesar a los funcionarios colombianos, incluso al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos a quien un juez de Sucumbíos le dictó orden de captura, contrasta con la decisión de proteger y permitir la salida del país de auxiliadores de las Farc que sobrevivieron al ataque, como la estudiante mexicana Lucía Morett. Después de la muerte del fiscal de Sucumbíos, Wilmar Gonzabay, quien llamó a juicio a Morett y a las guerrilleras colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez por delitos contra la seguridad estatal, su sucesor Carlos Jiménez debutó en el cargo con la petición a la Corte de la provincia a que convoque al ex ministro Santos a una audiencia de confrontación, usada para dictar o denegar medidas contra una persona sindicada de un delito.

En ausencia

En Colombia, mientras tanto, el fiscal general Mario Iguarán dio instrucciones al jefe de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, Hermes Ardila, de acelerar el procesamiento en ausencia de cerca de 20 ecuatorianos, entre ellos la periodista y diputada María Augusta Calle, Marcelo Larrea -hermano del ex ministro del Interior Gustavo Larrea- y el general (r) Jorge Brito Albuja. Según los investigadores que hicieron el análisis de las pruebas derivadas del computador de 'Reyes', y que llevarán ante el juez del caso, esas personas habrían favorecido la presencia de las Farc en territorio ecuatoriano y su expansión internacional.

Ecuador desistió de enviar dos funcionarios judiciales para una visita de inspección al proceso, cuyo propósito era buscar la forma de fortalecer la hipótesis de que el computador del jefe guerrillero fue manipulado, pese a que expertos de Interpol certificaron que no fue así y que podía hacer parte del proceso.

Si las relaciones diplomáticas con Ecuador están rotas, las de cooperación judicial no gozan de mejor salud. Y lo más grave es que tienden a empeorar debido a episodios como la orden de captura contra el ex ministro Santos dictada por un juez ecuatoriano, por un lado, y por el otro, la demanda que un grupo de abogados presentó ante la Fiscalía General de Colombia contra el presidente Rafael Correa por los presuntos nexos de su gobierno con las Farc y la petición de que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional por "terrorismo internacional". Si por allá llueve, por acá no escampa. La tormenta está lejos de amainar.