Propuesta de MinInterior de volver a la figura de la inmunidad para congresistas fue mal recibida

Pocas propuestas han caído tan mal como la que hizo el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en la madrugada del viernes pasado al clausurarse el periodo legislativo. En una improvisada rueda de prensa, Valencia sorprendió al retomar una idea que días antes había formulado el presidente de La U, Luis Carlos Restrepo, en medio del escozor causado por la noticia de que la Corte Suprema abriría investigación a los congresistas que votaron el referendo reeleccionista: revivir la vieja figura de la inmunidad parlamentaria, contemplada en la Constitución del 86 y eliminada en la Carta del 91.

La reacción negativa fue general. Según una encuesta contratada por CAMBIO, el 81,7 por ciento se manifestó en contra, y en el mismo sentido se pronunció la mayoría de los oyentes de La W el martes en la mañana, consultados sobre el tema del día. Tampoco se quedaron atrás la mayor parte de los dirigentes políticos y varios editorialistas. El de El Espectador  título en forma muy elocuente: ¿Inmunidad o impunidad?; el de El Nuevo Siglo la llamó "dislate gubernamental". En varias entrevistas radiales, el Ministro intentó contrarrestar la oleada de cuestionamientos pero no tuvo éxito.

El miércoles en la mañana, la Casa de Nariño emitió un comunicado que fue interpretado como una desautorización del presidente Uribe a Valencia, quien, sin querer queriendo, hizo un giro en el discurso y habló sobre la posibilidad de  adoptar, más bien, la figura de "juez de control de garantías para los congresistas", en una propuesta de reforma política de siete puntos.

Valencia Cossio tocó una fibra muy sensible, pues la inmunidad significa que los congresistas no pueden ser juzgados, a menos de que lo autorice la corporación a la que pertenecen mediante votación mayoritaria. En su columna de Portafolio, el precandidato liberal y ex fiscal Alfonso Gómez Méndez recordó que en el siglo XIX, cuando se creía que los gobiernos mandaban detener a los congresistas opositores, "la Constitución, para preservar la independencia del Parlamento, exigía que antes de proceder a su captura por un proceso penal -que podía ser amañado- debía obtenerse el permiso de la respectiva cámara". Y en su columna de El Nuevo Siglo,  Horacio Serpa hizo memoria de la batalla que libró para levantarle la inmunidad a Pablo Escobar, que "llegó a la Cámara como una manera de blindarse de los muchos delitos que había cometido". Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, señaló que con esa fórmula "volvería la Carta del 86".

¿Qué buscaba Valencia Cossio con una propuesta tan poco viable? La interpretación más extendida fue la de que el Gobierno quería congraciarse con el Congreso con el fin de amansarlo y ganar sus simpatías para lograr, a partir del 20 de julio, la rápida aprobación del referendo reeleccionista. Y es que la inmunidad salvaría a los congresistas de lo que hoy está haciendo la Corte Suprema: abrir investigaciones por prevaricato a quienes votaron a favor de la reelección a sabiendas de que el trámite estaba lleno de irregularidades.

Aunque la oferta del Ministro no sería aplicable hoy -tomaría meses en concretarse- es una señal de solidaridad con su bancada. Con el cuento de la inmunidad, el Gobierno mandaba el mensaje de que le daría la mano a sus parlamentarios en el intento de quitarse de encima al máximo tribunal de Justicia, en momentos de alta tensión por el enfrentamiento entre el Presidente y la Corte. La coalición uribista no ha aprobado la segunda reelección por varias razones, entre ellas los problemas en el trámite, pero sobretodo porque los congresistas le tienen miedo a la Corte.

Pero la movida del Ministro del Interior no se debe exclusivamente a la coyuntura, sino al hecho de que el Congreso ha sido el centro del escándalo de la parapolítica: 68 parlamentarios han sido investigados, lo cual habría sido imposible si hubiera estado vigente la figura de la inmunidad. 18 de ellos renunciaron a sus curules para sacarle el quite a la Corte y  ser  juzgados por la Fiscalía.

Por la sensibilidad que despierta, y por las dificultades políticas del momento -el cenit de la parapolítica y el comienzo de una campaña-, la iniciativa de Valencia Cossio es inoportuna y poco viable. No se le ve futuro.

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