Proceso de la 'farcpolítica': ¿misión posible?

Foto: Archivo Cambio

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En el proceso de la llamada 'farcpolítica', el pasado 27 de mayo, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos rindió testimonio ante los delegados por la Sala Penal de la Corte Suprema, pero en sus declaraciones no fue mucho más allá de lo que las autoridades habían dado a conocer sobre el contenido de los archivos del computador de 'Raúl Reyes' en los que aparecen mencionados algunos congresistas.

Los magistrados habían preparado un amplio cuestionario y eran grandes sus expectativas sobre lo que Santos podría revelar, pues no en vano había sido uno de los artífices de la 'Operación Jaque' que, el 1º de marzo de 2008, se desarrolló en territorio ecuatoriano y en la cual fue bombardeado el campamento de 'Reyes', que murió en el operativo. La incautación del computador personal del jefe guerrillero se convirtió en uno de los botines más preciados contra las Farc.

Entre las muchas inquietudes de los magistrados estaba la de establecer en qué se basaban las agencias de seguridad del Gobierno para afirmar que las relaciones de la senadora liberal Piedad Córdoba con el grupo guerrillero, iban más allá de gestiones humanitarias y que ella -identificada en los correos como 'Teodora Bolívar'- servía a sus propósitos políticos y estratégicos.

Los magistrados también aspiraban a saber si, aparte de las menciones en los mensajes de 'Reyes', había pruebas más contundentes que permitieran demostrar que la congresista Gloria Inés Ramírez, miembro de la ONG Fensuagro, era un cuadro político de las Farc y que su colega Wilson Borja era emisario del grupo guerrillero en congresos internacionales. Más aún, querían conocer en detalle hasta dónde podría haber llegado el auspicio de países vecinos a actividades de la guerrilla.

En la diligencia, Santos insistió en la importancia del computador y otro tipo de de evidencias que había conocido en el ministerio, pero se cuidó de hacer sindicaciones directas y optó por la prudencia.

El hoy ex ministro le explicó a la Corte que no podía ser tan explícito como quería porque revelar toda la información que conocía podía afectar secretos de Estado y se acogió a la Ley 1288 o Ley de Inteligencia que, en algunos casos e incluso ante autoridades judiciales, permite argumentar reserva.

Según el artículo 23 de la Ley -sobre "excepción a los deberes de denuncia y declaración"- los funcionarios de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia y  contrainteligencia están obligados a guardar reserva sobre todo aquello que "hayan visto, oído o comprendido" en cumplimiento de sus misiones. En resumen, "están exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar". La excepción se extiende hasta después de que el funcionario haya dejado el cargo. Curiosamente, el promotor de la Ley fue el ex ministro.

Especialistas consultados por CAMBIO coinciden en que Santos cabe dentro de esa excepción porque en su condición de Ministro de Defensa era presidente de la Junta Nacional de Inteligencia y tenía acceso a información que la ley ordena proteger. 

Pero apoyado en la misma Ley, Santos les sugirió a los magistrados acudir al director de la Dijin, tal vez el funcionario que mejor conoce la información del computador de 'Reyes'. Según la misma norma, en caso de que un organismo de Inteligencia considere necesario declarar en un proceso, "podría hacerlo a través de su director o su delegado".

¿Raseros distintos?

La reserva que alegó Santos, hasta hace poco uno de los principales ejecutores de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe no significa, ni mucho menos, que el proceso de la 'farcpolítica' vaya a estancarse, pero funcionarios de la Corte aseguran que de todas maneras afecta la difícil tarea de recavar pruebas.