El bicho de la política pica cada vez con más frecuencia a magistrados de la Corte Constitucional

Jaime Araújo y Alejandro Martínez son ex magistrados que terminaron metidos en política.

Que los jueces y magistrados estén empeñados en perseguir el crimen político, incluso dentro de las más altas esferas del poder, no está mal. Que se pronuncien con argumentos jurídicos frente a la protección y ampliación de derechos sociales, es un avance increíble en sociedades como la nuestra.

Pero que recurran al populismo a la hora de dictar sentencias con el dañino propósito de lanzarse luego a algún cargo de elección popular, es una detestable realidad que deberían considerar seriamente el constituyente primario y los legisladores.

Esa otra puerta giratoria que da vueltas sin parar entre la Justicia y la política debe ser abordada con juicio, pues los casos no son pocos y el ejemplo viene de los operadores judiciales más influyentes de la Nación.

En la historia reciente recordamos como pioneros de esta moda a los magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y José Gregorio Hernández. El primero fue senador y candidato presidencial del Polo después de haber salido de la Corte. Martínez ha estado en el Concejo de Bogotá y Hernández fórmula vicepresidencial del candidato liberal Horacio Serpa.

Ahora hay quienes dicen que el paso del ex magistrado Alfredo Beltrán por el movimiento de Colombianos por la Paz será fugaz porque sus verdaderas aspiraciones son más políticas que humanitarias.

Y a Clara Inés Vargas, antes de terminar su período, le preguntaron en la revista Credencial sobre qué haría después de colgar la toga, y la respuesta fue que no descartaba meterse al ruedo político. Hoy tal vez aspire a otros altos cargos, no de elección popular.

Parece una curiosidad, pero lo cierto es que a los magistrados, particularmente a los de la Corte Constitucional, les pica como a ninguno el bicho de la política.

El último fue Jaime Araújo, quien aspira a inscribirse como candidato presidencial mediante el apoyo de firmas, y está utilizando sus sentencias y salvamentos de voto como gancho para atraer electores que no ven con buenos ojos al presidente Uribe.

No discuto la idoneidad de estos personajes para ejercer cualquier cargo en la administración pública, pero me pregunto si buena parte de la irresponsabilidad fiscal de algunas sentencias proferidas por ellos puede tener origen en un afán populista y electorero.

La combinación de sentencias y votos es, por lo menos, sospechosa y aleja a estos altos funcionarios del concepto de juez ecuánime y técnico que deberían representar.

El Derecho anglosajón ha resuelto el dilema: los magistrados son vitalicios, curtidos y sabios, que cumplen sus funciones a cabalidad hasta cuando física y mentalmente están capacitados para hacerlo. En Colombia, por el contrario, hablamos de retiro forzoso a unas edades ridículas. Cuando más experiencia, moderación y buen juicio han acumulado.

Lo grave del asunto es que el ejemplo está cundiendo entre jueces de menor rango en municipios donde la diferencia entre un concejal y un juez promiscuo es absolutamente inexistente por cuenta de esa peligrosa puerta giratoria que circula a gran velocidad.

Ahora que el tema de la ética pública está en el centro del debate político, sería bueno que este asunto -y el del 'roscograma judicial'- se traten con profundidad. Si la solución no es la perpetuidad de los magistrados de las cortes, podría pensarse al menos en una prohibición para evitar que ejerzan cargos de elección popular con sus sentencias debajo del brazo.  

Por José Manuel Acevedo
Abogado y analista político