En la mañana del martes, el día en que la oposición había convocado el debate sobre los negocios de los hijos del Presidente, los jóvenes empresarios intentaron darle un giro a la percepción pública.

En declaraciones a El Tiempo de ese martes, y como respuesta a un editorial, anunciaron que dedicarían las utilidades del polémico negocio de la Zona Franca de Occidente a inversión social.

Todo indica que la familia presidencial llegó a la conclusión de que la controversia generada estaba creciendo demasiado y que así podrían cortarla de raíz.

La columnista María Jimena Duzán escribió, incluso, que el escándalo podía ser el primer elemento capaz de debilitar la famosa inmunidad de la popularidad de Uribe y poner en tela de juicio las posibilidades de reelección.

En el caldeado ambiente preelectoral, y con la imagen del histórico debate que se produjo hace 35 años durante el gobierno de Alfonso López Michelsen por la construcción de una carretera que habría valorizado la finca "La Libertad" de su hijo Juan Manuel, la sesión convocada para la plenaria del Senado estaba rodeada de expectativas.

Desde el punto de vista del contenido -legalidad, legitimidad y ética del negocio- no hubo sorpresas. Los voceros de las dos partes repitieron los argumentos que han sido debatidos en los medios desde el 18 de abril, cuando Daniel Coronell denunció: "Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre".

El senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, hizo un esfuerzo juicioso por explicar el incremento de la plusvalía de la tierra y su relación con las decisiones oficiales y concluyó: "Es absolutamente manifiesto que todo el enriquecimiento tiene como causalidad las decisiones oficiales. Los enriquecen las decisiones del municipio de Mosquera y las decisiones del Comité Intersectorial de Zonas Francas".

En general, las opiniones expresadas se dividieron entre quienes defendieron a los jóvenes delfines porque no hicieron algo ilegal y tienen derecho a hacer negocios, y los que consideran que los hijos del Jefe de Estado deben marginarse de negocios que tengan que ver con decisiones del Estado para mantener -en la realidad y en las percepciones- niveles de transparencia y ética necesarios en una democracia.

Por su parte, la senadora liberal Cecilia López se anticipó a eventuales acusaciones sobre negocios de su familia y presentó sus declaraciones de renta y las de sus hijos. Luego se sacó un as de la manga: aseguró que una hermana de Jaime Lombana, abogado del Presidente y de sus hijos, de nombre María Jimena, hizo los trámites de constitución de las sociedades de los hermanos Uribe que, por más señas, figuraban hasta hace poco con la dirección de la oficina de Lombana.

Y aunque dijo que los hijos y familiares del Presidente pueden hacer negocios y uso de sus derechos como ciudadanos, "lo que no pueden ser es empresarios de la política: ganar dinero gracias a decisiones públicas".

Más allá del punto concreto de la compra y valorización del lote de Mosquera -el senador Gustavo Petro señaló que el municipio dejó de recibir entre 30 a 40 mil millones de pesos por concepto del impuesto de plusvalía-, en la confrontación hubo un pulso de alta política.

Los dos bandos trataron de deslegitimarse y utilizaron elementos emocionales en apoyo de sus argumentos. La oposición llevó a varias recicladoras de basuras, madres cabeza de familia que, con lágrimas en los ojos, denunciaron que habían sido desterradas por la empresa de los Uribe y conmovieron a las audiencias.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, quien hizo la defensa más vehemente de la transparencia del negocio y de las actuaciones de los funcionarios, y defendió a rajatabla la idea de que el rasero de la ética pública se reduce, simple y llanamente, a los requisitos de la ley, sacó a relucir sus dotes histriónicas en tono  'veintejuliero' muy distinto al de la seriedad de sus cotidianas declaraciones sobre la economía.

Sin embargo, el debate se caracterizó por su altura y orden y no se oyeron agresiones personales en el recinto.

El libreto estratégico del Gobierno funcionó como defensa contra lo que pudo haber sido una goleada.

Tomás y Jerónimo no asistieron al debate para no ser carne de cañón de la oposición, pero el miércoles hablaron extensamente en los programas de radio de la mañana.

Le apuntaron a una audiencia mayor y eludieron la confrontación directa con senadores cargados de tigre. Sus argumentos estuvieron cuidadosamente alineados con los que expusieron los ministros de Hacienda, Comercio y Transporte y el director de la DIAN, y los senadores uribistas: que todo se ajustó a la ley y que la motivación de los críticos es política y está dirigida a golpear al presidente Uribe.

Los principales voceros de la oposición apuntaron todos en una misma dirección: los hijos del Presidente se han beneficiado de decisiones oficiales.

El senador Juan Fernando Cristo sostuvo que nadie duda hoy de que "los hijos del Presidente están inmensamente ricos y que tienen lotes que cuestan 136.000 millones de pesos", y Gustavo Petro concluyó: "Con decisiones públicas, mientras millones de colombianos se matan trabajando, los hijos del Presidente se enriquecen con las firmas de unos amigos del Presidente".

Es poco probable que el debate haya cambiado la percepción de la opinión o que haya agotado el tema. En el Gobierno hay satisfacción porque logró frenar la arremetida, y en la oposición porque encontró un tema para poner a Uribe contra las cuerdas.

A Tomás y a Jerónimo hay que aceptarles que la controversia tiene buenas dosis de motivación política, pero que precisamente por eso no pueden cantar victoria porque la campaña apenas comienza.