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Aunque estaba programada con una semana de anticipación en las agendas de todos los asistentes, la reunión que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los miembros del alto mando sostendrían el martes 3 de marzo en el cuartel general de las Fuerzas Militares en el CAN no era rutinaria. Esa noche se advertía allí un clima de tensión generado por los ataques que el Ministro recibió desde Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos lo calificaban como una amenaza para la seguridad regional.
Los perdigones de críticas que le cayeron a Santos desde ambos flancos representaban una reacción visceral a declaraciones suyas al diario El Tiempo, en las que se mostró partidario de ejercer el principio de la legítima defensa para perseguir a los terroristas incluso más allá de las fronteras colombianas. La declaración cayó muy mal en Quito y en Caracas. Ante la situación planteada, el presidente Álvaro Uribe produjo un comunicado para aliviar tensiones, con un inciso en el que recordaba que la política internacional debe ser manejada por el Ministro de Relaciones Exteriores. El pronunciamiento fue interpretado de inmediato como una desautorización al ministro Santos.
Por todo esto los generales llegaron a la reunión convencidos de que estaba planteada una tensión peligrosa e innecesaria entre los responsables de la seguridad pública y los encargados de manejar los hilos de la diplomacia, y decidieron proponer una fórmula para resolver un potencial conflicto. La mayoría no se explicaban por qué el Gobierno Nacional no respaldaba a un Ministro que estaba actuando en consecuencia con los lineamientos trazados por el Presidente a través de su política de seguridad democrática.
Uno de los presentes recordó que apenas diez días antes el propio Jefe del Estado avaló en declaraciones públicas la legítima defensa el 21 de febrero en la propia página web de la Presidencia. En palabras del presidente Álvaro Uribe: "Mientras yo sea presidente de Colombia nada nos hará renunciar a llegar en algún momento al extranjero tras estos bandidos".
Fue en ese momento de la charla que los asistentes acordaron recomendarle al presidente Uribe la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Se trataba de utilizar un mecanismo concebido el 5 de abril de 2003, cuando el Jefe del Estado, su gabinete y varios asesores se reunieron en la hacienda presidencial de Hato Grande para elaborar una "matriz de responsabilidades" para darle aplicación efectiva a la política de seguridad democrática. Allí fueron definidas seis líneas de acción para dirigir los esfuerzos de todos los organismos del Estado hacia el objetivo común de la recuperación de la paz pública y la seguridad ciudadana.
En esa misma reunión del equipo de Gobierno fue acordado que el Consejo de Seguridad y Defensa y una Junta de Inteligencia Conjunta estarían entre los principales responsables de la aplicación de esa 'matriz'. Por eso para los integrantes del alto mando y para el propio Ministro de Defensa nada mejor que recomendarle al Primer Mandatario activar un órgano que hasta el momento no ha tenido oportunidad de demostrar sus bondades.
Según las mismas fuentes, los generales han extrañado ese mecanismo en coyunturas clave para la seguridad pública, como la que se planteó el año pasado cuando el Congreso dio trámite a la ley que modificó la estructura del Sistema de Inteligencia. También algunos de ellos consideraron que hace falta la que denominan "una diplomacia para la Defensa Nacional".
Aunque la reunión tenía carácter reservado, una fuga de información le habría cambiado el espíritu a la propuesta. La noche del martes, después de que el noticiero de televisión CM& lanzó un boletín extra en el que anunciaba la propuesta de convocatoria al Consejo de Defensa, distintos sectores políticos asimilaron el hecho como un "incidente de campaña" entre el Presidente y el ministro Santos, quien no ha descartado la posibilidad de lanzar en breve su candidatura a la Presidencia de la República.