Febrero 13 de 2009
Freno de mano
El cambio de fiscal en el proceso por fraude en la recolección de las firmas para el referendo reeleccionista, despierta sospechas.
La audiencia que una fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico programó para el 16 de febrero habría podido resultar histórica. Diez miembros del Comité de Promotores del Referendo pro reelección de Álvaro Uribe, habrían tenido que responder ante un juez cargos por fraude procesal.
Con el ex ministro Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, los miembros del Comité debían explicar ante una anónima fiscal que despacha en la vieja sede del complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá, el porqué de las irregularidades en las cuentas que entregaron al Consejo Nacional Electoral -facturas hechizas, préstamos indebidos y sin soportes, errores contables, superación de topes... Los cerca de 2.600 millones de pesos que costó el proceso de recolección de firmas para el referendo carecían del necesario soporte legal.
El primer folio del expediente se refiere a un informe de Joaquín José Vives, magistrado del Consejo Electoral comisionado para hacer una investigación, según el cual hubo una posible violación de los topes establecidos por la ley para gastos relacionados con elecciones y aplicación de los mecanismos de participación ciudadana. Además, el informe advierte sobre el intento de los promotores de "inducir a engaño" al Consejo Electoral.
El informe de Vives fue respaldado por siete de los ocho miembros del Consejo Electoral. Sólo el magistrado Héctor Osorio Isaza se apartó del criterio mayoritario. En su opinión, ese tribunal no tenía competencia para fiscalizar los gastos de un proceso que, como la recolección de firmas, era un acto de expresión libre y soberana de la gente. Osorio, hermano del ex fiscal general Luis Camilo Osorio, fue el primer investigador comisionado por el Consejo y mantuvo engavetado el asunto durante 37 días, razón por la cual fue relevado por Vives.
Las conclusiones del informe llevaron a la fiscal a imputar a 10 miembros del Comité de Promotores del Referendo el delito de fraude procesal y a considerar la posibilidad de atribuirles una posible falsedad.
Relevo sorpresa
El lunes de la semana pasada, pocas horas después de que La W divulgó la decisión tomada en Paloquemao, la Fiscalía General anunció sorpresivamente que la fiscal que había convocado a la audiencia de imputación de cargos ya no tenía competencia sobre el proceso, y que había sido reasignado a un funcionario de mayor jerarquía dada la sensibilidad y el interés de un asunto como el que estaba en juego.
El proceso quedó en manos de José Édgar Collazos, fiscal delegado ante la Corte Suprema, y uno de los funcionarios de mayor confianza del fiscal Mario Iguarán. Ex juez del Valle, Collazos conoció a Iguarán cuando ambos dictaban clase en la Universidad de Santiago de Cali y desde entonces han sido muy cercanos. Collazos tiene a cargo investigaciones contra gobernadores y otros funcionarios con fuero, además de procesos relacionados con la parapolítica.
El cambio de asignación del proceso de las cuentas del referendo ha suscitado muchas dudas y no pocas suspicacias, sobre todo porque ninguno de los investigados, pese a su notoriedad pública, tiene un fuero especial como para que una investigación en su contra esté a cargo de miembros de la cúpula judicial. "Es un hecho inusual -le dijo a CAMBIO Héctor Benítez Mafla, profesor de la Universidad del Valle-. El Fiscal General está obligado a respetar la autonomía de todos los fiscales del país y no puede estar arrebatándoles competencia por importantes e influyentes que sean los sindicados".
El fiscal Collazos ha salido a enfrentar las críticas y sostiene que el Código de Procedimiento Penal le permite al Fiscal General hacer reasignaciones cuando, a su juicio, los casos tienen especial connotación para la sociedad. Y recuerda que existe también una resolución especial que desarrolla y hace aplicable esa norma. Según el nuevo Fiscal, la funcionaria de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico que tenía preparada la audiencia de imputación de cargos no ha perdido ni su tiempo ni su trabajo. "Las pruebas practicadas por ella y toda la evidencia que repose en el expediente serán tenidas en cuenta", dijo Collazos.
Además de Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Comité de Promotores del Referendo, son investigados la ex magistrada Myriam Donato, el ex ministro Gustavo Dájer y otros dirigentes políticos y empresariales como Juan David Ángel Botero, Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Jedel Saavedra Salcedo, Álvaro de Jesús Job y David Salazar Ochoa.
Fuentes de la Procuraduría consultadas por CAMBIO, consideran precipitado abrir una investigación basada en suspicacias derivadas del cambio de asignación, pero estudian la posibilidad de designar un agente especial del Ministerio Público para "vigilar la actuación y defender los intereses de la sociedad".
Hay muchas dudas en el ambiente y el reto del fiscal Collazos es cumplir con su compromiso de tener en cuenta la evidencia recopilada por la fiscal que tuvo el caso en sus manos, y demostrar la eficiencia que le ha valido la confianza de sus superiores y la imparcialidad que la opinión espera de él.
LOS TOPES, LA ALMENDRA DEL PROCESO
El proceso de aclaración de cuentas del referendo ha permitido conocer hechos que indican que entre quienes hicieron aportes económicos para la recolección de las firmas, figuran siete empresas y consorcios económicos que han sido beneficiados con millonarios contratos con el Estado, y que aportaron sumas superiores a los 50 millones de pesos, muy por encima del tope legal de 3,4 millones de pesos por donante.
Según la investigación, Luis Guillermo Giraldo habría pretendido ocultar esos aportes que superaban los topes establecidos por la ley, y por esa razón en el informe ante el Consejo Electoral los presentó como si se tratara de aportes de empresarios a la Fundación Colombia Primero, a la que ha estado vinculado. De probarse que fueron aportes al proceso de recolección de firmas, quedaría claro que fueron violados los topes legales.