Mano dura

El senador Luis F. Velasco recuperó su libertad después de 6 meses de detención. Foto: archivo Cambio

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El pasado 20 de julio, mientras se definía la composición de las mesas directivas del Senado, el presidente del Partido de la U Carlos García Orjuela, pidió la palabra para respaldar a uno de los aspirantes oficialistas. No muy lejos de su curul, una de sus colegas le comentó en voz baja a otro parlamentario: "Mucho me temo que esta será la última vez que Carlos García hable ante el Senado, porque me dicen que la Corte Suprema ya tiene lista la orden de captura en su contra".

Y en efecto, el viernes 25, cuando se encontraba haciendo diligencias personales en Santa Marta, alguien muy cercano lo llamó para informarle que había sido expedida la orden de captura por parte del alto tribunal y que en las próximas horas sería detenido: "Es que a mí no me tienen que capturar: ya mismo me presento ante la Fiscalía porque como nada debo, nada temo", respondió, molesto, el senador tolimense.

Carlos García Orjuela es el tercer ex presidente del Congreso capturado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Anteriormente habían sido detenidos el conservador tolimense Luis Humberto Gómez Gallo y el liberal antioqueño Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe. Dos ex presidentas del Senado -Dilian Francisca Toro y Nancy Patricia Gutiérrez- también se encuentran vinculadas a las investigaciones y están a la espera de que el alto tribunal les defina su situación jurídica. (Ver recuadro). En total son cerca de 70 los congresistas investigados por la Corte Suprema y la Fiscalía General por sus posibles vínculos con grupos de autodefensas del país, la mayoría de ellos militantes de movimientos y partidos afectos al Gobierno.

La detención de quien es considerado uno de los senadores más influyentes y uno de los más cercanos al presidente Uribe, produjo conmoción en el Congreso y puso en alerta a varios de sus colegas quienes, una vez más, sintieron sobre sus cabezas la sombra amenazante de la parapolítica.

Contra García Orjuela existe el testimonio de un ex combatiente del llamado bloque Tolima de las autodefensas, detenido en la cárcel de Picaleña, quien declaró ante la Fiscalía que el parlamentario se entrevistó con uno de los comandantes del grupo al margen de la ley en 2001, cuando se desempeñaba como presidente del Congreso de la República. "Es un absurdo monumental, no solo porque nunca he tenido relación con bandidos sino porque para esa época yo era uno de los hombres más custodiados del país como para salir a reunirme con jefes paramilitares", afirmó García poco antes de su detención.

Decisiones controvertidas

Pero mientras el presidente del Partido de la U vive los peores momentos de su vida, el también senador Luis Fernando Velasco fue liberado el pasado martes luego de que la Corte Suprema, al calificar el sumario, dispuso que los hechos que antes había calificado como de cohecho propio en realidad constituían cohecho impropio. Al tomar la decisión revocó la medida de aseguramiento por cuanto el delito así calificado no la tiene debido a que la pena mínima de ese hecho punible no supera los cuatro años de prisión.

El caso del senador Velasco, más que ningún otro, pone de presente una forma de actuar de la Corte Suprema de Justicia que ha suscitado debates porque siempre resuelve los casos de la manera más gravosa posible en detrimento de los intereses de los procesados.

Durante el proceso que se le siguió a Velasco se escucharon varias voces, incluso dentro del alto tribunal, en el sentido de que el delito por el cual debía ser juzgado el congresista liberal era el de cohecho impropio. Sin embargo, la mayoría de los magistrados optó por calificar el delito como cohecho propio, porque -según dijeron algunos magistrados a sus colegas- era necesario enviarle un mensaje a la sociedad y ello solo era posible imponiéndole medida de aseguramiento al parlamentario.

Esa forma de actuar, así como la de haber cambiado la jurisprudencia para ordenar la captura de los congresistas para su indagatoria, o la de capturarlos en vísperas de la vacancia judicial, como aconteció con el senador Luis Humberto Gómez Gallo, o negarles sistemáticamente a personas mayores de 65 años la detención domiciliaria, ha llevado a varios penalistas a afirmar que el alto tribunal no actúa con criterios de justicia, pues los magistrados se arrogan funciones de castigador para generar impacto político en la sociedad.

El ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez considera que "es indudable que la Sala Penal de la Corte ha tomado decisiones valientes que pueden llegar a cambiar el rumbo de esta Nación y ha afectado a personas que se consideran 'intocables'".

"Por esa misma razón -afirma el ex Fiscal General- debe ser especialmente cuidadosa para que cualquier error no pueda afectar el conjunto de su encomiable labor. En este orden de ideas, debería replantear si es realmente necesario capturar a congresistas para la indagatoria, teniendo en cuenta que en general ninguno de ellos evadiría la acción de la justicia. La captura debería reservarse para el momento  de la resolución de la situación jurídica, con la medida de aseguramiento, para delitos no excarcelables, o no susceptibles de la detención domiciliaria".