Abril 3 de 2008
Crisis del Congreso crece por cuenta de la parapolítica
Los únicos partidos que hasta el momento se han salvado de esta hecatombe política son el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Mira.
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EL PASADO MARTES, antes de empezar la sesión plenaria del Senado, varios senadores se acercaron a la Secretaría General a averiguar si era cierto que la Corte Suprema había hecho llegar a esa oficina solicitudes para indagar el posible incremento patrimonial de algunos parlamentarios, que hasta ahora no aparecen mencionados en el escándalo de la parapolítica. "La captura de Rubén Darío Quintero, Miguel Pinedo y Luis Fernando Velasco nos tiene los pelos de punta", dijo a CAMBIO uno de ellos.
Otros parlamentarios han decidido acudir directamente a las fuentes primarias de la información -la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI)- y permanentemente llaman a sus contactos para conocer el desarrollo de las investigaciones y las probabilidades de que sus nombres aparezcan en las listas. "Si el nombre de uno no figura ni en la Secretaría General ni en los despachos de la Corte y la Fiscalía, quiere decir que, por ahora, podemos dormir tranquilos", afirma el parlamentario.
El Congreso está invadido por una crisis de nervios colectiva. Es evidente que la Corte Suprema no piensa levantar el pie del acelerador y todo hace pensar que mantendrá el mismo ritmo de las investigaciones que hoy tienen en la cárcel a 26 parlamentarios -entre senadores y representantes- y vinculados al escándalo a otros 48, quienes se encuentran en las distintas etapas de la investigación, de los cuales 12 ya han rendido indagatoria.
Otros 18 congresistas han renunciado a su fuero constitucional para ser investigados por la Fiscalía General, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. "Mientras la Corte acelera, la Fiscalía camina a paso de tortuga. No solo en el caso de Uribe sino en los demás que no tienen nada que ver con el Congreso. Por ejemplo: ¿Dónde están los para-empresarios? ¿Dónde están las investigaciones sobre los para-concejales, los para-diputados, los para-alcaldes, que pusieron los votos que eligieron a los para-congresistas?, afirma Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
El escándalo de la parapolítica ha terminado por enredar a prácticamente todos los partidos que tienen representación en el Congreso, desde los que hacen oposición, como el liberalismo, hasta los más incondicionales del Gobierno, como el Partido Conservador y Cambio Radical, pasando por otros más pequeños y menos influyentes, como Colombia Democrática, que tiene a todos los jefes de la bancada tras las rejas, y Convergencia Ciudadana, que perdió a varios de sus alfiles. Los únicos que hasta el momento se han salvado de esta hecatombe política son el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Mira.
La gravedad de la situación llevó a algunos parlamentarios, entre ellos varios uribistas como la senadora Gina Parody, a proponer la revocatoria del mandato y la realización de nuevas elecciones, propuesta que fue descartada por el propio Uribe, quien el martes en entrevista a Radio Santa Fe sostuvo que no cree que ese sea el camino para superar la crisis institucional que se ha desatado: "No pueden hacerse propuestas que sean saltos al vacío. O fortalecemos la institucionalidad del Congreso, independientemente de sus integrantes, o impulsamos para el país un salto al vacío", afirmó.
El ex presidente César Gaviria metió baza en el asunto y sostuvo que el Partido Liberal está dispuesto a respaldar que se adelanten todas las elecciones, "hasta las presidenciales si es necesario", y se mostró partidario de apoyar una reforma política que permita superar la crisis, que se refleja en el hecho de que "se está haciendo política desde las cárceles".
Curiosamente y pese a que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, la propuesta de Parody no logró una mayor convocatoria entre sus colegas, entre otras razones porque hay quienes sostienen que lo mejor que le puede pasar a la entidad es dejar que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. "Hay que respaldar a los organismos que investigan para que destapen no solo los vínculos de los políticos con los 'paras' sino de estos con otros sectores, como los empresarios", afirma el senador Héctor Helí Rojas.
La revocatoria es un fantasma que resucita cada vez que hay un escándalo en el Congreso. Se planteó en el gobierno de Ernesto Samper, en medio del Proceso 8.000, y en el de Andrés Pastrana, cuando se conoció el desfalco por más de 5.000 millones de pesos que cometió el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico. La opinión pública tiende a ver con buenos ojos cualquier propuesta contra los padres de la patria, incluidas su disolución o el adelanto de las elecciones.
Pero hay muchas talanqueras que frenan una iniciativa tan extrema. Desde el punto de vista legal y constitucional no existen normas que la permitan. Sería necesario tramitar un Acto Legislativo para reformar la Carta, que se tomaría -por términos- casi todo el tiempo que le queda a este Congreso. Pero los mayores obstáculos son de tipo político: es muy poco probable, casi imposible, que los actuales senadores y representantes construyan la soga para su propio pescuezo. Es decir, que aprueben su propia remoción o que faciliten un referendo para que los destituyan los electores. Y ya esta semana hubo indicios de que podría repetirse la historia del gobierno Pastrana: cuando el Presidente habló de revocar el Congreso, la oposición dijo que habría que convocar también a elecciones de presidente. Un choque de trenes que suele terminar con un pacto, implícito o explícito, para dejar las cosas como están.
Al final, los argumentos más poderosos en contra de la revocatoria del mandato son de tipo institucional. Alberto Fujimori la desprestigió en el Perú, en 1992, cuando apeló a ella como paso inicial para consolidar una auténtica dictadura. La de Colombia, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, tuvo mayor soporte jurídico y gozó de una alta legitimidad -por la reconocida autoridad de la Constituyente- pero no cambió las prácticas de elección y ejercicio del poder en el Capitolio. La prueba es que casi todos los congresos elegidos desde entonces han pasado por una crisis escandalosa.
El escenario más probable, en consecuencia, es que la controversia sobre algún tipo de cierre del Parlamento crezca y se intensifique, pero que no llegue a ninguna parte. Lo cual significa que el país mantendrá un Legislativo débil, desprestigiado y con una legitimidad menguada durante casi dos años y medio: hasta las próximas elecciones, previstas para 2010. Un escenario muy poco deseable pero prácticamente inevitable.
LOS PACTOS DE QUINTERO
A mediados de febrero, Fredy Rendón, 'el Alemán', le dijo a una fiscal de Justicia y Paz que la región de Urabá no fue ajena a los acuerdos celebrados entre paramilitares y políticos con el propósito de ampliar su influencia en el Congreso de la República.
Antes de responder las preguntas preparadas por decenas de víctimas de sus acciones, que lo seguían a través de una señal de televisión cerrada, Rendón reveló que el grupo de las autodefensas que encabezó en la región bananera preparó en 2002 una estrategia conjunta con dirigentes políticos antioqueños para cumplir ese objetivo.
"Produjimos un proyecto llamado Urabá Grande Unida", contó, y dijo que fue firmado un pacto que buscaba asegurar cuatro curules en la Cámara para candidatos de Cambio Radical y para asegurar la llegada al Senado de una de las figuras más representativas de esta organización política en Antioquia: Rubén Darío Quintero Villada, ex secretario privado de Álvaro Uribe cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.
Cuando llegó el momento del interrogatorio formal, la fiscal le pidió a 'el Alemán' precisar si el respaldo de los paramilitares a Quintero y a los demás fue estrictamente armado o incluyó algo de financiación. El paramilitar respondió que "Urabá Grande Unida" contó con una suerte de auspicio económico de parte de varios ganaderos de la región. "Ellos -dijo- nos regalaron varias reses y nosotros las vendimos en subasta pública, a la que se presentaron muy buenos postores".
Según su versión, ese respaldo explica el alto caudal electoral de Quintero en Urabá: 11.965 votos del total nacional de 72.571. Su declaración coincide, en amplia medida, con la entregada a la Corte por el testigo Dagoberto Tordecilla, ex funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Arboletes (Antioquia).
Tordecilla le precisó a la Corte algunos detalles adicionales del acuerdo político. Este, según él, congregó a dirigentes de los 11 municipios de Urabá. El acuerdo final fue firmado en Necoclí y uno de sus resultados inmediatos fue la preparación de una lista para Cámara en la que figurarían los nombres de Estanislao Ortiz, Jesús Doval, César Augusto Andrade y Manuel Darío Dávila. Cada uno de ellos tendría un "palomazo" de un año en la Cámara si la lista salía avante.
Los cuatro se comprometieron, a su vez, a trabajar para llevar al Senado a Quintero. A cambio este los compensaría con puestos para sus recomendados y para los de Rincón.
PRUEBAS CONTRA VELASCO
El pasado 19 de noviembre Rocío Arias declaró ante la Corte Suprema que Luis Fernando Velasco viajó a Antioquia en dos ocasiones durante 2003 para reunirse con jefes paramilitares y que luego las Auc le financiaron un viaje a Barcelona.
La congresista ratificó a CAMBIO sus denuncias y aseguró que en los primeros meses de 2004 a su oficina 417 del Congreso llegó un enviado de los 'paras' con un sobre que contenía una gruesa suma de dinero para financiar el viaje de Velasco.
El senador sostuvo, en su defensa, que viajó a Barcelona entre el 23 y el 27 de junio de 2004, invitado por la Fundación Per la Pau, pero que jamás hubo dineros de las Auc. No obstante, CAMBIO averiguó con Aviatur y comprobó que el tiquete rotulado con el número 3225697306, con el que viajó Velasco, por valor de $6.230.220, fue cancelado en efectivo desde la oficina de Bancolombia de Planeta Rica, Córdoba, el 11 de junio de 2004 (ver facsímil).
Una nueva declaración complica aún más su situación. El 13 de marzo Diego Fernando Murillo,'Don Berna', aseguró ante la Corte que conoció a Velasco a finales de 2003 en una reunión en el corregimiento El Jardín a la que asistieron Rocío Arias y Gabriel Galindo, 'Gordo Lindo'. Allí se habló de posibles acercamientos de las Auc con el Gobierno Nacional y de la presentación de una ley para que los miembros de las Auc, especialmente sus comandantes, se les adjudicara un porcentaje de los bienes que entregaran al Gobierno para que pudieran "subsistir después del proceso de paz".
En la reunión se habló también -según 'Don Berna'- sobre un apoyo económico para Velasco, con el propósito de que realizara viajes al exterior y aseguró que ordenó a Daniel Mejía, 'Danielito', que dispusiera lo necesario para el viaje. Dijo además que "entiendo que el senador se reunió posteriormente con los ex comandantes 'Julián Bolívar' y 'Ernesto Báez'. Entiendo que el Bloque Central Bolívar le entregó 13.000 dólares para viáticos, pero desconozco el fin último de ese dinero". También aseguró que luego de ese suceso no se le dio apoyo ni económico ni electoral del congresista.