Crisis del Congreso crece por cuenta de la parapolítica

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La revocatoria es un fantasma que resucita cada vez que hay un escándalo en el Congreso. Se planteó en el gobierno de Ernesto Samper, en medio del Proceso 8.000, y en el de Andrés Pastrana, cuando se conoció el desfalco por más de 5.000 millones de pesos que cometió el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico. La opinión pública tiende a ver con buenos ojos cualquier propuesta contra los padres de la patria, incluidas su disolución o el adelanto de las elecciones.

Pero hay muchas talanqueras que frenan una iniciativa tan extrema. Desde el punto de vista legal y constitucional no existen normas que la permitan. Sería necesario tramitar un Acto Legislativo para reformar la Carta, que se tomaría -por términos- casi todo el tiempo que le queda a este Congreso. Pero los mayores obstáculos son de tipo político: es muy poco probable, casi imposible, que los actuales senadores y representantes construyan la soga para su propio pescuezo. Es decir, que aprueben su propia remoción o que faciliten un referendo para que los destituyan los electores. Y ya esta semana hubo indicios de que podría repetirse la historia del gobierno Pastrana: cuando el Presidente habló de revocar el Congreso, la oposición dijo que habría que convocar también a elecciones de presidente. Un choque de trenes que suele terminar con un pacto, implícito o explícito, para dejar las cosas como están.

Al final, los argumentos más poderosos en contra de la revocatoria del mandato son de tipo institucional. Alberto Fujimori la desprestigió en el Perú, en 1992, cuando apeló a ella como paso inicial para consolidar una auténtica dictadura. La de Colombia, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, tuvo mayor soporte jurídico y gozó de una alta legitimidad -por la reconocida autoridad de la Constituyente- pero no cambió las prácticas de elección y ejercicio del poder en el Capitolio. La prueba es que casi todos los congresos elegidos desde entonces han pasado por una crisis escandalosa.

El escenario más probable, en consecuencia, es que la controversia sobre algún tipo de cierre del Parlamento crezca y se intensifique, pero que no llegue a ninguna parte. Lo cual significa que el país mantendrá un Legislativo débil, desprestigiado y con una legitimidad menguada durante casi dos años y medio: hasta las próximas elecciones, previstas para 2010. Un escenario muy poco deseable pero prácticamente inevitable. 

LOS PACTOS DE QUINTERO

A mediados de febrero, Fredy Rendón, 'el Alemán', le dijo a una fiscal de Justicia y Paz que la región de Urabá no fue ajena a los acuerdos celebrados entre paramilitares y políticos con el propósito de ampliar su influencia en el Congreso de la República.

Antes de responder las preguntas preparadas por decenas de víctimas de sus acciones, que lo seguían a través de una señal de televisión cerrada, Rendón reveló que el grupo de las autodefensas que encabezó en la región bananera preparó en 2002 una estrategia conjunta con dirigentes políticos antioqueños para cumplir ese objetivo.

"Produjimos un proyecto llamado Urabá Grande Unida", contó, y dijo que fue firmado un pacto que buscaba asegurar cuatro curules en la Cámara para candidatos de Cambio Radical y para asegurar la llegada al Senado de una de las figuras más representativas de esta organización política en Antioquia: Rubén Darío Quintero Villada, ex secretario privado de Álvaro Uribe cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.

Cuando llegó el momento del interrogatorio formal, la fiscal le pidió a 'el Alemán' precisar si el respaldo de los paramilitares a Quintero y a los demás fue estrictamente armado o incluyó algo de financiación. El paramilitar respondió que "Urabá Grande Unida" contó con una suerte de auspicio económico de parte de varios ganaderos de la región. "Ellos -dijo- nos regalaron varias reses y nosotros las vendimos en subasta pública, a la que se presentaron muy buenos postores".

Según su versión, ese respaldo explica el alto caudal electoral de Quintero en Urabá: 11.965 votos del total nacional de 72.571. Su declaración coincide, en amplia medida, con la entregada a la Corte por el testigo Dagoberto Tordecilla, ex funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Arboletes (Antioquia).