Junio 15 de 2007

Verdades a medias

El debate sobre las transferencias entre el Gobierno y la oposición promete aumentar de volumen.

El pasado miércoles la Plaza de Bolívar de Bogotá recibió a miles de manifestantes opuestos a la reforma constitucional a las transferencias. Pero casi al mismo tiempo y a pocos metros de allí, la  Comisión Primera de la Cámara aprobó en séptimo debate la iniciativa a la cual sólo le falta una votación más.

El Partido Liberal, el Polo Democrático y los profesores han cerrado filas en un frente común porque, según ellos, los departamentos y municipios perderían, en los próximos nueve años, cerca de 46 billones de pesos, frente a la fórmula que definió la Constitución de 1991. Dicen que lo que está en juego es la descentralización del país porque con el acto legislativo el Gobierno Nacional concentraría mucho más poder.

A su vez, el Presidente responde a las críticas con el argumento de que tienen tinte político y que no es cierto que su administración vaya a privatizar la educación o a limitar la descentralización. "Bienvenida la protesta social, pero no el engaño -dijo Álvaro Uribe el miércoles-. La reforma a las transferencias lo que busca es profundizar la descentralización, aumentar los recursos para la salud, para la educación y para el saneamiento básico, con el buen cuidado de no arruinar la nación".

Por su parte, Carolina Rentería, directora de Planeación Nacional, explicó que en educación y salud las transferencias pasarán de 17,5 billones de pesos en 2007 a 31,5 billones en 2016. Y Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, sostuvo que el proyecto es bueno para el país porque "genera equilibrios en materia fiscal y porque entrega más recursos para los municipios y los departamentos".

El tema es el típico debate en el que ambas partes tienen la razón, pero a medias. La oposición afirma que los recursos son menos en comparación con lo que contempló la Constitución, pero no dice que la reforma impulsada por el Gobierno los aumenta en relación con el acto legislativo transitorio que se vence este año. Y el Ejecutivo dice con razón que los recursos subirán considerablemente, pero no acepta que en la práctica le está haciendo conejo a la fórmula de 1991.

Así las cosas, la controversia promete aumentar de volumen y, presumiblemente, las marchas. 

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