(Página 1 de 2)
Vea aquí el mapa de los trasteos:
Le habría quedado el sabor de una causa justa si la cama se hubiera roto mientras concebía a uno de sus siete hijos, pero observar que se quebraba por culpa de una nueva mudanza le produjo desazón. Era la undécima vez que José Julio Pérez y su familia salían con sus trastos hacia otra parte, y no porque gozaran de espíritu gitano, sino porque Tabaco, corregimiento de La Guajira donde vivieron hasta 2002, había tenido que ceder su espacio para que la mina carbonífera de Cerrejón abriera otro de sus descomunales tajos. Desde ese día la vida se les había convertido en un peregrinaje sin fin.
Fundado en 1780 por esclavos prófugos, Tabaco era dos siglos después un pueblo de 106 familias y casas de bahareque condenado a desaparecer. La compra de los predios comenzó en 1980, y ya en 2001 hasta la Diócesis de Riohacha se había dejado tentar por la oferta y había vendido la iglesia del corregimiento.
Pero unas 70 familias rechazaron el negocio. "Muchos creyeron que la plata era todo, pero otros sabíamos que el territorio era lo más importante y por eso queríamos reasentamiento", recuerda hoy José Julio, de 54 años. Aun así, los desalojos fueron inevitables. En 2002, Tabaco era solo un recuerdo para un centenar de familias desarraigadas, desperdigadas y a la deriva en varios municipios de La Guajira.
El procedimiento de los negociadores había sido tan torpe y la lucha de los lugareños tan fuerte, que a los nuevos dueños de Cerrejón no les quedó más remedio que asumir las culpas, comprometerse a tener tacto en el futuro y reagrupar a los antiguos pobladores del corregimiento. El nuevo Tabaco se construirá a 15 kilómetros del original, sobre una superficie de 446 hectáreas surcadas, como aquel, por un riachuelo. No solo significará el reencuentro de varios tabaqueros, sino el fin de los trasteos de José Julio y su familia.
Disculpen las molestias
La rotura de una cama es el daño menos grave para una población que tiene que mudarse. De la mano viene la incertidumbre, la ruptura con el paisaje, con las costumbres, con los medios de subsistencia y a veces hasta con los muertos que yacen bajo esa tierra.
Ese es el destino que por inestabilidad geológica, inundaciones, explotación minera, conflicto armado y riesgo de quedar aislados encaran actualmente unos 50 municipios y corregimientos colombianos. Incluyendo barrios y veredas, y solo considerando el riesgo de desastre natural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial calcula que actualmente 6.000 familias están en proceso de reubicación y 95.000 deberán ser trasladadas en los próximos seis años.
Pocos relatos sobre trasteos de poblaciones han tenido un final feliz. "Los reasentamientos siempre impactan negativamente -sostiene Eduardo Lozano, abogado de Cerrejón-. Aunque sea con argumentos válidos, a nadie le gusta que un extraño se le aparezca un día y le diga que tiene que irse de allí".
Disculpen las molestias
El traslado de Guatavita, Cundinamarca, realizado en 1967 para llenar el embalse homónimo, se convirtió en un caso emblemático. De un día para otro, una comunidad campesina era acomodada en simétricas casas blancas de tejas de barro, dotadas con sanitarios cuyo uso era desconocido para muchos de sus miembros. Unos optaron por removerlos y otros por convertirlos en materas.
Esa era la comedia. La tragedia era que, ante la llegada masiva de turistas atraídos por el embalse, la comunidad dedicada al campo de repente tenía que asumir oficios artesanales. Un número significativo de pobladores originales no pudo con el estilo de vida impuesto, vendió la casa y se marchó.
Otro traslado pensado desde Bogotá y sin la participación de la comunidad fue el del nuevo Lérida, Tolima, en 1987, para resarcir a los habitantes de Armero y Chinchiná que sobrevivieron a la erupción del Nevado de Ruiz en noviembre de 1985.
Una ciudadela de 1.868 casas fue planificada con un moderno hospital, centro de acopio, terminal de transportes, colegios, iglesia y matadero, pero los urbanistas desestimaron varios factores fundamentales: según un informe presentado en 1998 por los investigadores Alba Paulsen de Cárdenas y Camilo Cárdenas Giraldo, la ciudadela no era sostenible y presentaba problemas de movilidad por estar apartada del centro del municipio.
Así que la maleza pronto agrietó sus calles, mucha gente vendió su casa, médicos y profesores escasearon por falta de recursos, y afloraron pugnas entre los viejos y los nuevos leridenses. Al fin y al cabo, los pueblos son como organismos vivos: si se les desmiembra, corren el riesgo de morir, y si se les trasplanta un órgano extraño pueden generar rechazo.