Expertos analizan la política de recompensas del Gobierno

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El presidente Uribe insiste en sostener la política de Seguridad Democrática mediante la utilización de la figura de los informantes. Al anuncio de la semana pasada de incluir a 1.000 estudiantes de Medellín en la red de colaboradores de las autoridades y a quienes se les pagarían 100.000 pesos a cada uno de ellos, se sumó el más reciente de vincular a los taxistas para que se sumen a las redes de informantes que existen en las principales ciudades del país.

Y es que ofrecer recompensas por colaboraciones efectivas con las autoridades ha sido parte fundamental de la política de Seguridad Democrática del Gobierno, que ha entregado en recompensas más de 30.000 millones de pesos. Casos emblemáticos como el de la muerte de 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos', en marzo de 2008; o la captura de 'Pablito', principal jefe militar del Eln, hacen parte de la lista de éxitos de esta política.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa y muchas de esas delaciones inspiradas en recompensas han terminado en procesos jurídicos en contra del Estado, como el de las organizaciones ilegales que en Bogotá contrataba a personas para colocar detonantes y posteriormente llamaban a las autoridades para cobrar el dinero, como lo denunció el Alcalde de Bogotá, o el caso de los policías en la Costa que alertaban de posibles atentados que ellos mismos creaban para recibir beneficios y logros destacados en su hoja de vida.

Expertos en seguridad y voceros de organizaciones sociales aseguran que si bien es cierto que informar a las agencias de seguridad del Estado es un deber constitucional, propuestas de incluir a la población civil en actividades que deben ser solo para policías o soldados, son no solo inoportunas sino abiertamente inconstitucionales.

Los más recientes anuncios del Gobierno, como era de esperarse, han desatado una gran controversia nacional, pues aunque hay quienes los respaldan, la gran mayoría de analistas se oponen, pues consideran que el remedio podría resultar peor que la enfermedad. CAMBIO consultó a seis reconocidos expertos, de diversas tendencias, para que hicieran su evaluación sobre las medidas.

Gustavo Gallón,  penalista

"Más allá de las recompensas, apoyarse en la población civil para realizar actividades de inteligencia es problemático porque niega el principio de distinción que afirma que los civiles deben diferenciarse de los policías y los soldados, un punto básico de los Derechos Humanos. Encargar a la población de actividades ligadas a la guerra pone en peligro a la sociedad. Además una cosa es cumplir con el deber de denunciar los delitos y otra es establecer de manera permanente una red de personas para informarle al Gobierno, lo cual estimula la posibilidad de que se atribuyan hechos falsos que terminen en detenciones arbitrarias como ya ha pasado. Llama mucho la atención también que el Presidente haya propuesto esta red de taxistas en Cali cuando es conocido que los Rodrigo Orejuela tuvieron una red informante de taxistas. No hay que olvidar que en principio la llamada Seguridad Democrática del Gobierno hablaba de la creación de una red de informantes que involucraba a 44 millones de habitantes. Esto es una militarización de la sociedad y un estado policivo total que destruye el tejido social".

Juan Manuel Charry, constitucionalista

"En el derecho francés, los sistemas de recompensa suenan bastante extraños porque se supone que colaborar con la Justicia es una obligación ciudadana que no debería tener remuneración. Por eso, desde este punto de vista, es difícil entender que una persona que confiesa o que colabora tenga beneficios económicos. Pero cuando pasamos al  derecho anglosajón, esto ya no es extraño porque es parte del funcionamiento. Yo creo que en Colombia, y en buena parte de Latinoamérica, estamos sufriendo ese tránsito de una concepción a la otra. Pero este tema de los sistemas de recompensa, querámoslo o no, ya se ha introducido en el orden jurídico nuestro. Incluso creo que la Corte Suprema en el año 1989 o 1990 avaló los decretos de delación y recompensa del Estado de Sitio del gobierno Barco. Ya cuando la red de informantes es en las universidades, considero que es una medida de carácter policial que polariza la sociedad. Se supone que en un Estado típicamente liberal, el ciudadano no tiene por qué tomar partido sino que la autoridad es la que desempeña ese rol".

Alfredo Rangel, director Fundación Seguridad y Democracia

"Este sistema de recompensas en Colombia no es nuevo. Lo nuevo es que el gobierno del presidente Uribe ha generalizado la información de esas redes de informantes voluntarios. Desde hace más de 15 años ha habido muchas iniciativas urbanas que incorporan a los civiles, también de manera voluntaria, para entregar información a las autoridades para prevenir el delito o para capturar delincuentes, como los frentes locales de Seguridad en Bogotá. El propósito de estas redes es denunciar delincuentes y delitos comunes, por lo tanto, no tendría por qué polarizar a la sociedad. Esta es una forma de promover lo que es un deber constitucional y legal de todos los ciudadanos,  que es el de colaborar con las autoridades y denunciar los delitos. Si vemos el funcionamiento de esas redes en los últimos siete años, yo diría que son más los beneficios que los prejuicios que le ha traído a la seguridad del país y de los ciudadanos".