La hora de la verdad en el escándalo por las 'chuzadas' del DAS

Las principales pruebas conseguidas por el CTI son hasta ahora un secreto bien guardado. Foto: David Osorio / Cambio.

En agosto de 2009, cuando se presentó al fiscal delegado ante la Corte que condujo la investigación por las 'chuzadas' del DAS, el subdirector del organismo de Inteligencia José Miguel Narváez optó por guardar silencio. "Actuó como un convidado de piedra en una diligencia en la que a él le habría convenido defenderse", recuerda un dependiente judicial.

Para sorpresa del propio fiscal, Narváez se acogió a la norma constitucional que le permite guardar silencio y lo hizo por recomendación de la abogada que lo acompañó en la diligencia de indagatoria. En efecto, la litigante Adriana Posso le dijo que su mutismo sería una manera de llamar la atención por la que parecía una flagrante violación a las garantías procesales del sindicado.

La razón ese día parecía simple. Si Narváez sería investigado por haber ordenado la interceptación ilegal de teléfonos de jueces, defensores de derechos humanos y otras personalidades, su defensa creía que era apenas lógico que lo pusieran frente a las pruebas para que pudiera controvertirlas. "En ese momento no existía en el expediente una sola de las grabaciones de las que hablaban los titulares de prensa. Y creo que la situación hoy sigue siendo la misma", dice la abogada Posso.

Una postura similar asumen los defensores de los otros seis ex funcionarios del DAS que, junto con Narváez, acaban de ser llamados a juicio por la Fiscalía. Sin embargo, eso no quiere decir que las grabaciones no existan. Según el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, lo que ocurre es que el análisis de los audios supone el examen de centenares de archivos, la mayor parte de los cuales se encontraban guardados en criptas de difícil acceso técnico.

Ese hecho, aparentemente episódico, promete sin embargo darle un mayor interés a la audiencia pública. A instancias de ella, se podrán conocer los verdaderos alcances de las operaciones de espionaje que habrían sido ordenadas desde altos círculos del Gobierno para perseguir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese contexto, las grabaciones podrían resultar prueba irrefutable.

Por ahora, el expediente al que han tenido acceso las partes se ha soportado sobre testimonios de ex funcionarios y de los propios afectados. También proliferan allí pruebas documentales sobre seguimientos y revisión ilegal de cuentas y bancos de datos sobre defensores de derechos humanos. El tiempo que transcurrirá a partir de ahora hasta el día en que sea citada la audiencia será aprovechada por la Fiscalía para establecer, como lo ha dicho el fiscal Mendoza, cuáles de las grabaciones fueron hechas con orden judicial y cuáles no.

Por ahora todo parece servido para que el país conozca, por fin, toda la verdad escondida detrás de las 'chuzadas' del DAS.

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