CAMBIO pone al servicio de los lectores el informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.

La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2005, presentó su Informe Final que recoge las conclusiones de un amplio trabajo de investigación y que formula recomendaciones, a partir de la definición de responsabilidades, tanto por los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 como por los eventos posteriores. El informe, así como sus hallazgos, puede ser consultado también en la página web www.verdadpalacio.org.co.

Qué dice el informe.

1.Sobre el retiro de la seguridad

¿ Para la Comisión es indiscutible que las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado debían establecer mecanismos para evitar y contener las actividades del grupo subversivo M-19, ya que desde 1984 y, en particular, desde abril de 1985 se esperaban acciones de gran magnitud con ocasión del recrudecimiento de las acciones de este movimiento. Y era ampliamente conocido por parte de tales instituciones la posible toma del Palacio de Justicia y la fecha aproximada de la misma, cuya finalidad era el secuestro de los 24 Magistrados de la Corte Suprema.

¿ En este sentido, múltiples testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad coinciden en plantear que el retiro de la vigilancia pudo ser deliberado, dado el conocimiento previo que se tenía de los planes de la toma y los antecedentes de la confrontación entre las fuerzas armadas y el M-19. Conforme a varias versiones, era inocultable que el Ejército, vejado en su dignidad, herido en su amor propio ante hechos como el robo de las cinco mil armas del Cantón Norte, la orden de cese al fuego impartida por el gobierno ante los combates en el marco del conflicto armado en Yarumales, los atentados del grupo guerrillero; esperaban una oportunidad propicia para desquitarse de su enemigo.

2. Investigaciones posteriores

 ¿ El conjunto de acciones subsiguientes a los acontecimientos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, del cual dependía la posibilidad de adelantar una investigación imparcial y eficiente acerca de lo ocurrido, tuvo como sello principal la irregularidad.

¿ En este sentido, cuestiones tan sensibles para el desarrollo de cualquier pesquisa judicial como la conservación de la cadena de custodia del material probatorio relevante, la adecuada práctica de los levantamientos de cadáveres, la protección de la escena en que ocurrieron los hechos, fueron pretermitidos o desarrollados de forma precaria por parte de autoridades militares, que no estaban investidas de la competencia pertinente.

¿ Una vez culminadas las tareas de necropsia los Jueces penales militares asignados a las investigaciones del caso ordenaron el envío de cadáveres a fosa común del Cementerio del Sur, sin haber concluido los procesos de identificación, aduciendo que el M-19 pretendía recuperar de la morgue los cuerpos de sus compañeros muertos.

¿ Casos como éste, reflejan una dimensión de la tragedia desde otras perspectivas: la del abandono de quienes militaron en el M-19 respecto de los hijos de sus propios muertos, y la de tener que ocultar aquéllos en algunos casos quiénes fueron sus padres para evitar la estigmatización social.

¿ Frente a esas situaciones, la Comisión de la Verdad no puede permanecer indiferente y por tanto hace un llamado a las autoridades para que se realicen todos los esfuerzos posibles encaminados a lograr la identificación y entrega de todos los restos, para que puedan las familias cerrar, finalmente, el ciclo de dolor que han padecido por cerca de un cuarto de siglo. 3. Ejecuciones.

¿ Respecto al análisis de los protocolos de necropsia relativos a los guerrilleros, se ha podido establecer que en ocho de los casos analizados, se presenta una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, y en siete de ellas con frotis positivo para pólvora y con características de las lesiones que sugieren haber sido a contacto.

4. Incendios

¿ La Comisión de la Verdad debe reconocer que uno de los temas en los que aún persiste mayor incertidumbre es el atinente a los incendios producidos en el interior del Palacio de Justicia. Las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estratégica y táctica, sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el devastador, por la falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento utilizado, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto nefasto que produjo la conflagración en la edificación. De otra parte, la Comisión de la Verdad no puede afirmar que existió intencionalidad en la generación de este incendio. 5. Los desaparecidos