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¿ Todo indica además que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia.
¿ Es entendible que no todos los miembros del M-19 conocieran la conexión con el narcotráfico para la toma del Palacio de Justicia, lo cual se explica a partir de que integrantes de esa organización han sostenido reiteradamente que se trataba de una operación militar en la que prevalecía el criterio de compartimentación, según el cual sólo conocían los objetivos de la toma los protagonistas de ella.7- 7.Responsabilidad institucional
¿ La Comisión de la Verdad concluye que la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los integrantes de los máximos tribunales de la Rama Judicial del poder público, al momento de los hechos del Palacio de Justicia, era particularmente grave y debió ser, en consecuencia, atendida de manera coordinada y concertada por las autoridades gubernamentales, a través de la adopción de medidas eficaces, oportunas y permanentes que permitieran garantizar la vida e integridad personal de los funcionarios, así como la independencia y autonomía de las funciones asignadas a la administración de justicia, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.
¿ Considera, en consecuencia, que el Estado colombiano no sólo no adoptó las medidas de prevención y protección requeridas por los integrantes de la Rama Judicial, sino que suspendió en forma arbitraria aquellas que coyunturalmente había implementado, lo que compromete su responsabilidad, tanto por acción como por omisión. La Comisión de la Verdad debe señalar que la responsabilidad estatal se deriva, tanto de las fallas en el deber de prevención por parte de la fuerza pública, como de la responsabilidad del Presidente de la República y de sus ministros, encargados de la formulación de políticas encaminadas a cumplir con las obligaciones convencionales, constitucionales y legales del país.
¿ En relación con la actuación del Ejecutivo durante los días 6 y 7 de noviembre, la Comisión de la Verdad ha identificado varias conductas, unas activas y otras omisivas que comprometen la responsabilidad del Gobierno Nacional y que tienen su origen fundamentalmente en dos decisiones del Presidente de la República: por una parte, la decisión de no dialogar y, por otra, la de autorizar o tolerar, hasta sus últimas consecuencias, la operación militar de retoma.
¿ Tal como lo expresó en su Informe Preliminar, la Comisión de la Verdad considera que nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes. ¿ Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas.
¿ La Comisión de la Verdad hace un llamado al Presidente Betancur y a quienes ejercían cargos de responsabilidad en su Gobierno, invitándolos a aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones y omisiones en las que incurrieron en el curso de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como una manera de superar el dolor de las víctimas y sus familiares y de dar una lección de grandeza al país, al reconocer que la solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negación de las evidencias no contribuyen a defender sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado de Derecho. Ello habrá de constituir para las futuras generaciones de colombianos una garantía de no repetición de los hechos del Palacio de Justicia.
¿ La actitud de las autoridades militares y de policía antes registrada en relación con la posibilidad de contar con asistencia humanitaria durante la tragedia del Palacio de Justicia y del respeto por los emblemas humanitarios, no sólo es reprochable desde la óptica estrictamente jurídica, sino que es además ética y humanamente inaceptable. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado de haberse atendido el clamor de los rehenes y permitido la labor humanitaria de la Cruz Roja, como era el deber del Estado y de sus fuerzas armadas?
¿ A juicio de la Comisión de la Verdad, estos apremios ilegales o tratos inhumanos y degradantes, las torturas y la detención ilegal a que fueron sometidos los rehenes especiales configuran, sin lugar a dudas, una violación a los derechos a la integridad y a la libertad personal, protegidos por el ordenamiento interno y por los tratados internacionales de derechos humanos y DIH.