Justicia sin fronteras

La Corte Penal fue creada como organismo permanente de Justicia internacional y juega un papel constructivo en procesos de paz. Foto: AFP

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El 29 de enero de 2009, Thomas Lubanga, jefe de la guerrilla Unión de Patriotas Congoleños, estrenó el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional de La Haya, CPI.  En el recorrido de 20 minutos entre la prisión de Haaglanden a la sala de audiencias de la Corte, Lubanga, psicólogo de formación y cabeza hasta 2006 de un feroz ejército  de 30.000 combatientes -muchos de ellos menores de edad-, protagonizó su último acto de rebeldía: "¡A mí solo me pueden juzgar en mí país!", gritó en su precario francés a sus custodios.

En la sala de audiencias, el fiscal de la causa, el argentino Luis Moreno Ocampo, reivindicó la jurisdicción del tribunal: "El grupo armado de Lubanga reclutó y entrenó a cientos de niños para matar, saquear y violar, y al hacerlo cometió crímenes contra la humanidad entera". El juicio al congolés, uno de los principales responsables de la guerra civil en la República Democrática del Congo (1998-2003) por el control de las minas de oro y diamante, se convirtió en un hito histórico. Constituyó la puesta en marcha del primer tribunal judicial transnacional del siglo XXI. Ese mismo día, al regresar de un coto de caza en Torres de Jaén, el juez español Baltasar Garzón, famoso por su inclinación a ejercer su mandato más allá de las fronteras ibéricas, celebró lo ocurrido. "La Justicia debe ser transnacional -sentenció-. Si para el crimen y las atrocidades no hay fronteras, sería demasiado torpe imponérselas a la Justicia".

La instalación de la CPI, creada por el Estatuto de Roma a finales del siglo XX, trajo un mensaje para el nuevo milenio y es que la Justicia debe extenderse por el mundo al mismo ritmo que los procesos de globalización de la primera década del XXI. En palabras del constitucionalista colombiano Juan Manuel Charry, "la emergencia de ese modelo significa que la sociedad internacional está elevando los estándares de lucha contra la impunidad".

El modelo de Justicia internacional que fue redefinido -no inventado-  durante los primeros años de este nuevo siglo, comenzó a gestarse al final de la II Guerra Mundial, sobre la base de que no podía haber refugios seguros para los perpetradores de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 9 de diciembre de 1948, los asistentes a la Asamblea General de Naciones Unidas se preguntaban cómo enfrentar el genocidio, crimen que en todos los períodos de la Historia había causado enormes pérdidas a la humanidad, y comenzaron a pensar en la necesidad de una convención para la prevención y sanción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El consenso alrededor del tema llevaría a un segundo proyecto: crear una corte internacional neutral para atender casos de crímenes de lesa humanidad. El estudio sobre las condiciones para su creación fue confiado a una comisión que no pudo 'llegar a buen puerto' porque sus miembros no lograron vencer algunas resistencias políticas, ni concebir un esquema más avanzado que el del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, que juzgó a los primeros criminales de guerra nazi en 1946.

Aun así, antes de finalizar el siglo XX surgieron tribunales transitorios creados o patrocinados por la ONU, como el Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia (1993) y el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda (1994), entre otros, para garantizar una investigación neutral sobre los abusos contra los derechos humanos ante la incapacidad de los sistemas judiciales domésticos para hacerlo con los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad.

La proliferación de instituciones nacionales e internacionales de Justicia en el siglo XX  fueron señales de una mayor institucionalización del Derecho Internacional y de la necesidad de concretar una estructura de rendición de cuentas para los graves crímenes de la última década, basados en la premisa de los tratados internacionales según la cual los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son tan graves, que le conciernen no solo a las sociedades nacionales sino la comunidad internacional.

Así las cosas, la ONU impulsó la creación de la CPI como organismo de carácter permanente  dentro del nuevo orden de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que puede ser un actor adicional en el panorama multifacético de la Justicia transicional y ejercer un papel constructivo en los procesos de paz y en situaciones de posconflicto.