Colombia promovió revolcón en el Andrés Bello y quedó expuesta a líos diplomáticos

Mirjam Guevara, saliente secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello, con sede en Bogotá.

El jueves 8 de octubre, en París, cinco ministros latinoamericanos de Educación acordaron prácticamente hacer borrón y cuenta nueva con el Convenio Andrés Bello, creado en 1970 para promover la cultura en el continente y cuya secretaría ejecutiva tiene sede en Bogotá. Decidieron cortar la cabeza de la secretaria ejecutiva, la boliviana Mirjam Guevara, y de los asesores y ejecutores de programas, y suspender indefinidamente las funciones de las llamadas áreas misionales que son básicamente educación, cultura, ciencia y tecnología.

La reunión fue promovida por la delegación colombiana, encabezada por la ministra Cecilia María Vélez, que asistía a un foro de la Unesco y llevaba bajo el brazo el proyecto de reestructuración del organismo. El principal argumento de la delegación colombiana para justificar el revolcón fue la "delicada situación institucional y financiera" de la Secretaría Ejecutiva y para sustentarlo acudió a las irregularidades encontradas en millonarios contratos con entidades territoriales y los escándalos de corrupción que en 2007 salpicaron al organismo cuando, durante la gestión de la colombiana Ana Milena Escobar Araújo, tres auditores denunciaron que se habían esfumado ocho millones de dólares.

Venezuel Chile, Paraguay y República Dominicana, y los representantes de Ecuador y Cuba, firmaron sin titubear el proyecto preparado por la delegación colombiana y acogieron la propuesta de Colombia de hacerse cargo del pago de la nómina, incluido el secretario ejecutivo (e)  Juan Camilo Sierra.

La delegación colombiana se cuidó de dejar constancia en el acta de que se trataba de una reunión extraordinaria de los ministros de Educación del Convenio. Pero al enterarse de lo sucedido, el ministro boliviano Roberto Aguilar Gómez -no asistió porque dijo no haber sido invitado-, puso luego 'el grito en el cielo' y el 31 de octubre envió una carta a su colega chilena Mónica Jiménez, presidenta de la reunión, en la que le pedía aclarar  "si se contaba con el quórum necesario conforme a lo establecido en las normas y si las decisiones fueron aprobadas por la mitad más uno del total de sus miembros o de sus delegados debidamente acreditados".

Golpe de mano

Una semana después de la reunión en París, y ya posesionado en el cargo, Sierra empezó a ejecutar las decisiones tomadas en el cónclave de ministros: despidió a 11 asesores de alto nivel y les dio plazo hasta el 30 de octubre para entregar un informe de actividades. Dos de ellos, un chileno y un cubano, en desacuerdo con la medida, alegaron inmunidad diplomática y denunciaron el procedimiento como violatorio del tratado que dio vida al Convenio.

La situación no es clara y el remedio podría ser peor que la enfermedad. Las decisiones adoptadas para poner orden en la casa no solo no fueron concertadas por los 12 países miembros del Convenio, sino que se tomaron en una reunión promovida por Colombia que algunos consideran informal.

Así las cosas, Colombia podrá enfrentar problemas con otros países miembros del Convenio. "Colombia se está tomando de hecho la Secretaría del Convenio y desconoce que los casos de corrupción por los que se rasga las vestiduras, fueron protagonizados por funcionarios colombianos de distintos niveles gubernamentales", le dijo a CAMBIO un miembro del equipo de la descabezada ex secretaria Guevara, a quien su destitución la cogió cuando estaba fuera del país.

Planeado de antemano

Por otra parte, algunos de los funcionarios extranjeros depuestos sostienen que Colombia venía preparando la 'toma' en contravía de las normas que rigen el Convenio, y que prueba de ello es una carta fechada el 4 de agosto de este año que tienen en su poder y fue conocida por esta revista, en la que la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Educación, Adriana Mejía, le recomienda a la entonces Secretaria Ejecutiva del organismo internacional, que suspenda el pago de varios convenios "hasta tanto no se haya adelantado diagnóstico y definición de la ruta de trabajo para su liquidación". Y es que el control de la Secretaría Ejecutiva del Convenio es muy atractivo porque, como ocurre con otros operadores internacionales, maneja miles de millones de pesos y se reserva jugosos intereses para inversión.

Bolivia, el primer país afectado por las decisiones, anunció que demandará la nulidad de la resolución adoptada en París y que llevará el asunto al escenario internacional que sea necesario. Sin embargo, asesores del Ministerio de Educación aseguran que las decisiones no solo se ajustan a los estatutos del Convenio, sino que fueron tomadas por su máximo órgano de decisión: la reunión de los ministros de Educación, Remecab.

El asunto ha trascendido los círculos de gobierno. Un grupo de intelectuales, entre ellos el estadounidense George Yudice; los españoles Alfons Martinell y Jesús Prieto de Pedro, y el colombo-español Jesús Martín Barvero, al cierre de esta edición redactaban una carta para denunciar públicamente lo ocurrido. "Sorprende que en una reunión en la cual participaron un número acotado de ministros de Educación -dice un aparte-, estos decidieran deshacer en una hora lo que nos ha costado años construir, que resolvieran el cierre de las áreas misionales y que acordaran despedir a todos los trabajadores por las irregularidades existentes en algunos de los acuerdos establecidos con instituciones colombianas".  La historia continúa.