A Finagro, ¿quién lo ronda?

Foto: Archivo Cambio

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Un contrato para cobro de cartera tiene enrarecido el ambiente en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, adscrito al Ministerio de Agricultura. Se trata de un acuerdo firmado por el organismo con la abogada María del Carmen Valencia Vargas, para presentar 600 demandas ejecutivas contra productores agropecuarios beneficiarios del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, Pran.

El Programa fue creado en 2000 como salvavidas para pequeños y medianos agricultores enfrentados a millonarias deudas que estaban en mora con los bancos. Finagro adquirió 120.000 obligaciones, de las cuales el 80 por ciento eran de cafeteros por entre dos y 15 millones de pesos. "El Pran nació para darles un impulso a agricultores que estaban arruinados, pero en el camino ha cambiado el rumbo y ahora lo que busca Finagro es ahorcarlos más", asegura un abogado que conoce el caso.

El contrato de Finagro con la abogada Valencia, firmado el 26 de noviembre de 2008 con fecha de terminación el 22 de enero de 2009, le reconocía ingresos por 140 millones de pesos para "la presentación de 600 demandas ejecutivas derivadas de obligaciones de los denominados programas Pran en nombre de Finagro ante los juzgados administrativos del circuito, en distintas ciudades del país".

Los funcionarios de la oficina jurídica subieron la guardia. No entendían por qué si había 29 abogados al servicio de Finagro, incluidos los de prestación de servicios, el organismo firmaba un contrato con una abogada para hacer el dispendioso oficio en cientos de municipios, con todo lo que eso implica, en solo 58 días calendario -40 días hábiles-, y en medio del receso judicial de fin de año. 

Tampoco entendieron por qué la entidad firmaba un contrato con la abogada Valencia un día después de que el Gobierno, en cabeza del entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, expidiera el Decreto 4430 que concedía un  nuevo periodo de gracia de un año sin intereses a los agricultores en mora, y que ponía como condición que en los casos ya iniciados o por iniciar, "el deudor deberá acreditar (...) el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado".

Como las 600 demandas a cargo de Valencia empezaron al día siguiente de expedido el decreto, la movida le habría significado -según cálculos de funcionarios de Finagro- otros 300 millones de pesos más, pues para acogerse al beneficio legal los deudores debieron pagar el 15 por ciento de su deuda a la abogada por concepto de honorarios. Y un deudor en problemas hace lo que esté a su alcance con tal de ganar un año de gracia para pagar sus deudas. "Es un verdadero atropello fraguado desde el Estado", le dijo a CAMBIO un funcionario de Finagro.

¿'Gato encerrado'?

Lo sorprendente es que mientras todo esto era propiciado desde el Ejecutivo, en el Congreso cursaba el proyecto de reforma financiera que en el artículo 93 establecía que Finagro, o el acreedor de las obligaciones de los programas Pran, debía abstenerse de adelantar cobro judicial contra un deudor por el término de un año contado a partir de la vigencia de la ley, que finalmente fue sancionada en julio de 2009.

Según expertos en derecho administrativo consultados por CAMBIO,  Finagro firmó un contrato millonario con una abogada en condiciones atípicas por la vigencia, el objeto y el valor, y cuando estaba de por medio un decreto que ampliaba los plazos de pago a los deudores y una ley que suspendía los procesos legales. "No hay que ser muy astuto para descubrir que hubo 'gato encerrado' -dice otro funcionario de Finagro-. La intención era beneficiar a una persona en detrimento de pequeños productores del campo".