A Finagro, ¿quién lo ronda?

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Pero las cosas no terminaron ahí. El 30 de abril, Finagro firmó otro contrato con la abogada Valencia para que llevara el proceso de 1.900 obligaciones más, todas de pequeños y medianos agricultores. Por cada una de ellas, la abogada cobra 300.000 pesos a Finagro. Además, los productores morosos le tienen que pagar el 15 por ciento del valor de su deuda por concepto de honorarios, si quieren recibir los beneficios contemplados en las normas. Esto le podría significar a la abogada Valencia, según estimativos de funcionarios de Finagro, otros 600 millones de pesos más.  

Y para cerrar, este mes el nombre de la abogada María del Carmen Valencia aparece en otro proceso de contratación. Ahora se trata de un contrato cuyo monto no está establecido, pero que tiene una paradoja: retirar las demandas que ella misma interpuso en distintos juzgados del país contra pequeños agricultores. 

Algo no está claro en Finagro. A juicio de abogados podría tratarse de celebración indebida de contratos, falsa motivación o favorecimiento a un particular. Los órganos de control tienen la palabra.

"Actué de manera responsable"
Luis Fernando Criales,
presidente de Finagro.

¿Por qué contratar a una abogada para demandar a pequeños productores morosos cuando había 29 abogados en Finagro que podían hacer esa labor?

Porque ellos no se dedican al cobro de cartera, sino a  otras materias. Además, había varios pagarés que se iban a vencer y no podía dejarlos prescribir. Era necesario entonces adelantar las demandas con urgencia porque de lo contrario podría incurrir en detrimento patrimonial. Por eso actué de manera responsable.

No le parece curioso que usted contrató a la abogada Valencia un día después de un decreto que señala que los deudores deben pagar los honorarios de abogado para recibir los nuevos beneficios...

No sé si esto aplicó a los 600 deudores que ella tenía. Lo que sí es claro es que necesitábamos instaurar las demandas antes de que se vencieran las obligaciones.

En ese momento también cursaba en el Congreso un proyecto que frenaba todos los cobros judiciales contra pequeños deudores del Pran, que son la gran mayoría. ¿Finagro no sabía de esto?

En ese momento estaba en proceso el proyecto, pero no había garantía de la ley, que fue sancionada en julio. Entonces yo actué con base en las normas que en ese momento estaban para evitar que las obligaciones prescribieran.

No es paradójico que ahora la abogada Valencia tenga un nuevo contrato para  retirar las demandas que ella misma interpuso...

Puede sonar así, pero hoy la ley nos obliga a retirar las demandas contra esos pequeños deudores y nosotros tenemos que cumplir la ley. Si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un delito.