En Barranquilla cartel negocia pleitos de tierras en donde será construida nueva zona franca

Área donde se encuentran los predios con mayor valorización en Barranquilla, pues allí se levantarán las nuevas zonas franca e industrial. Foto: Carlos Capella / Cambio

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"Esa vuelta les vale 80 millones de pesos", les dijo Javier Bolaños, asesor de la administración de Barranquilla, a dos representantes de la empresa Río Norte Ltda. que buscaban ayuda para recuperar un terreno situado en las márgenes del río Magdalena donde será construida la nueva zona franca e industrial de la ciudad. Pese a que protestaron por el precio de "la vuelta" pues tenían títulos que acreditaban la propiedad legítima del predio y una licencia de construcción, Bolaños insistió: "Póngase buenos y paguen, no hay otra manera".

La conversación se llevó a cabo el 10 de mayo en el restaurante La Placita de Barranquilla, y Bolaños ignoraba que los estaban grabando con un Ipod que uno de sus interlocutores ocultaba en la ropa. La negociación se prolongó por 40 o más minutos hasta cuando los hombres le dijeron a Bolaños que solo podían darle cinco millones. "Fernando ayuda pero no por tan poco", les dijo.

Se refería a Fernando Fiorillo Zapata, jefe de la oficina de Centros Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla, el único funcionario que puede designar y relevar a los inspectores de policía encargados de decidir las querellas por "perturbación a la posesión", que es el argumento que alegan los avivatos que intentan apropiarse de las tierras de mayor valorización.

El propio Fiorillo había recibido días antes en su despacho a los representantes de Río Norte, para informarles que Bolaños, asesor de confianza, podía ayudarles a resolver el asunto, e incluso les ofreció encargar de su caso a Robinson Navarro Cazallas, un comisario de familia que ejercía funciones de inspector  en casos relacionados con los terrenos donde será la zona franca.

Círculo cerrado

La grabación hecha a Bolaños, que hace parte de un extenso expediente con casos similares, la entregó el zar anticorrupción Óscar Ortiz a un fiscal especializado, y se suma a otras pruebas que demuestran la existencia de un cartel para hacerse a tierras donde será construida la nueva zona franca. 

Entre los muchos casos, unos tienen que ver con la inspectora 14 de Policía, Alicia Bustos Ledesma, quien en forma irregular resolvió una querella por tierras en contra de Álvaro Ramírez Cano y a favor de la firma Lubriven por una comisión de 25 millones de pesos, según denuncia del afectado. Además, Rolant Hughes la acusó de haberlo desalojado de un terreno pese a estar protegido por un fallo de tutela que prohibía ese procedimiento.

La mayoría de las más de 40 querellas por tierras presentadas en Barranquilla en los últimos dos años, han sido falladas por un puñado de inspectores de confianza de Fiorillo, que creó un "grupo de reacción inmediata" para tramitar los casos con inusual celeridad. Son pleitos relacionados con lotes que hoy valen entre 300 y 400 millones de pesos, pero que podrían venderse por cerca de 1.500 millones de pesos cuando empiecen a habilitarse los terrenos para la zona franca e industrial.

Entre los favorecidos con las decisiones ilegales hay también familiares de funcionarios públicos. Uno de ellos es Nelson Polo, hermano del secretario de Gobierno Guillermo Polo, denunciado por José María Cotes Gómez, que sostiene que, gracias a una querella fallada en forma irregular, Polo se quedó con unos predios próximos a las avenidas Circunvalación y La Cordialidad, que fueron comprados por su padre en 1988, según lo demuestran escrituras públicas y documentos de Notariado.