En Barranquilla cartel negocia pleitos de tierras en donde será construida nueva zona franca

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Según un documento de la Oficina Anticorrupción, Polo habría presentado pruebas falsas, entre ellas unas escrituras registradas en Juan de Acosta, Atlántico, que no tienen relación con los terrenos en disputa. "Con ellas interpuso una querella policiva por ocupación de hecho en contra del señor Cotes Gómez, la cual se remitió al inspector delegado Robinson Navarro Cazallas, quien se desempeñaba como comisario de familia".

Uno de los testigos que ya declaró ante la Fiscalía, sostiene que las querellas son falladas al mejor postor. "Las personas que quieren conservar sus tierras, así tengan cómo demostrar la licitud de propiedad, tienen que pagar para conservarlas -le dijo a CAMBIO uno de los testigos-. Si no lo hacen, las pierden porque siempre hay alguien dispuesto a dar la suma que exijan Fiorillo y sus inspectores".

Ante la gravedad de la situación, el zar Ortiz le envió el pasado 8 de noviembre una carta al alcalde de Barranquilla, Alexander Char, en la que le recomienda gestionar la revocatoria y la nulidad de la Resolución 04 de 2008, mediante la cual Fiorillo autorizó a inspectores de policía a practicar pruebas y otras diligencias por fuera de su jurisdicción, con el fin de favorecer a algunos  querellantes.

En opinión de Ortiz, las decisiones de Fiorillo violan la Constitución, desconocen el Código Contencioso Administrativo y se llevan de calle el artículo 320 del Código de Régimen Político y Municipal, en virtud del cual corresponde a los concejos crear las inspecciones municipales de policía y determinar su número, sede y jurisdicción. El asunto también está en manos del procurador Alejandro Ordóñez, a quien Ortiz le pidió ejercer el poder preferente -previsión de orden constitucional que pone a la Procuraduría por encima de las oficinas de control disciplinario interno- para sancionar a los responsables.

Mientras tanto, Fiorillo ha estado encargado de la Secretaría de Gobierno. Parece que el alcalde Char no está enterado de lo que ocurre.

Tras las pistas  de un negocio ilegal

La negociación de querellas por la posesión de tierras se ha convertido en jugosa fuente de lucro personal para un puñado de inspectores de Policía de Barranquilla. El caos en ese sector de la Administración es tal, que los inspectores revocan decisiones tomadas por funcionarios de mayor jerarquía e incluso por los propios jueces civiles, los únicos habilitados por la ley para fallar procesos de posesión de tierras.

Por otra parte, hay ya numerosos casos probados de funcionarios que pagan a sus superiores hasta 150.000 pesos semanales para que los dejen en el cargo para seguir controlando los procesos y cobrar fuertes sumas por los resultados. Los que se niegan a pagar son trasladados, perseguidos e incluso inculpados por decisiones ilegales que otros toman.

Los entes de control han enfrentado el asunto y rastrean el patrimonio de inspectores, abogados y funcionarios de la Administración en busca de pruebas de enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, algunas personas que fueron despojadas ilegalmente de sus tierras, estudian la posibilidad de llevar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si la Justicia colombiana no opera como es debido y no les protege sus derechos fundamentales. En Barranquilla, mientras tanto, la opinión se muestra pasiva y las frecuentes denuncias sobre desafueros publicadas por los medios de comunicación no conmueven a nadie en la ciudad.

Rosario de quejas

El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción ha recibido otro tipo de denuncias contra Fernando Fiorillo Zapata, jefe de la Oficina de Centros Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana del Distrito, y de algunos de sus asesores . Entre ellas se destacan estas:

- Posible cobro de dinero que Fiorillo, a través de Génesis García, hace a los dueños de establecimientos públicos de comercio, específicamente estaderos y bailaderos, para otorgarles el permiso de funcionamiento en un horario extendido.

- Cobro de dinero para mantener a los inspectores en sus cargos.

- Cobro de sumas de dinero para fallar amparos posesorios a favor del querellante o del querellado.

- Denuncia presentada por cinco inspectores de policía sobre constreñimiento ilegal de Fernando Fiorillo mediante directrices que violan el manual de funciones y procesos de estos funcionarios consagrados en el Decreto 872 del 23 de diciembre de 2008.

- Abuso de funciones al realizar traslados jurisdiccionales de inspectores y comisarios sin estar facultado para ello y con la intención de hacer negocios ilegales.