Calles de Bogotá son una trampa mortal para las personas discapacitadas

Almacenes y restaurantes no están acondicionados para discapacitados.

La vida de la fisioterapeuta Elsa de Buitrago, que presta sus servicios a domicilio, no volvió a ser la misma después de un accidente automovilístico que la condenó a usar una silla de ruedas y esa condición la llevó a darse cuenta de que las calles de Bogotá son una trampa permanente para personas como ella. "La discapacidad no me detiene pero cada vez que debo atender a un paciente tengo que sortear toda clase de trampas mortales: alcantarillas abiertas, andenes altos, huecos, postes  atravesados... -se lamenta-. Si no me he caído en una de esas trampas es porque mi Dios me ha visto con ojos de piedad, pues no hay espacios dignos para los discapacitados en Bogotá".

Emilio Carmona, un mecánico a quien le falta la pierna izquierda, terminó hace unos meses en el fondo de una alcantarilla destapada. "Me fracturé la pierna que me queda, me di un golpe en la cabeza que me dejó grogui durante tres días y me dieron una incapacidad de más de un mes", cuenta en medio de risas.

Estos dos casos ilustran las dificultades que enfrentan a diario lo más de 400.000 discapacitados que viven en la ciudad y para quienes no hay las facilidades que existen en otras ciudades del mundo, como semáforos sonoros y con botones para invidentes o andenes con rampas adecuadas de acceso, entre muchas otras.

Según la Fundación Discapacidad Colombia, se registran entre 20 y 40 quejas diarias por cuenta de fallas en los diseños del espacio público. Las más comunes se refieren a rampas que no empatan con los andenes, aceras con fisuras, desniveles, obstáculos y huecos, además de problemas por el tamaño de los ascensores porque las sillas no pueden entrar con facilidad, la falta de señalización en almacenes, restaurantes y baños que no están acondicionados para personas con discapacidad. Y para completar el cuadro de dificultades, buses y taxis no les paran porque llevan bastón, silla de ruedas o un perro lazarillo.

La veedora distrital María Consuelo del Río ha prendido las alarmas para que el IDU tenga en cuenta las necesidades de esta población en las obras que van empezar a finales de este año y cuyo valor asciende a 500.000 millones de pesos. "El objetivo es que en los 140 contratos de andenes y rampas de la primera fase de las obras de valorización, el IDU incluya una cláusula que obligue a los contratistas a respetar las normas nacionales e internacionales que rigen para los discapacitados", dice Del Río.

A esta inquietud responde la directora del IDU, Liliana Pardo, quien asegura que "el Instituto incluyó en los pliegos de condiciones un articulado que hace explícitas las obligaciones y alcances de los contratistas para facilitar el acceso y el desplazamiento de las personas con movilidad limitada".

Por lo pronto, y mientras las obras se hacen realidad, en un recorrido que hizo CAMBIO por diferentes sectores de la ciudad pudo comprobar la carrera de obstáculos que deben superar los discapacitados cuando transitan por las calles de la ciudad.