Chuzadas: 32 equipos de interceptación de llamadas están en manos de particulares

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La medida que a principios de este mes tomó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de restringir la venta al público de equipos para interceptación telefónica llega tarde, pues el mercado está literalmente inundado de estos equipos a precios al alcance de muchos bolsillos. 

CAMBIO hizo un recorrido por varios almacenes de compra-venta de mercancía y descubrió que en 'Mi Principal Desvare', en la calle 32 sur con Avenida Caracas en Bogotá, por ejemplo, se vendieron 32 equipos de interceptación telefónica de la Embajada de los Estados Unidos, que fueron utilizados en el programa NAS, de lucha contra el narcotráfico.

La historia empezó en 1995 cuando Industrias Racom, una multinacional de sistemas de telecomunicaciones, le vendió al Gobierno de Estados Unidos 32 equipos de comunicación modelo 2816A, fabricados en Cleveland,  Ohio, con números de serie entre 03580542 y 03580573, cada uno por  3.363 dólares con 50 centavos, que fueron destinados a la Embajada en Bogotá.

A finales de 2005, la Embajada sacó a remate un lote de aparatos eléctricos, electrodomésticos, computadores y muebles de oficina, en el cual estaban también los 32 equipos de interceptación. "El comentario general ese día era que la Embajada quería modernizarse y que valía la pena comprar porque los productos estaban en muy buen estado y a muy buen precio", le contó a CAMBIO uno de los compradores que estuvo en el remate.  

Los equipos pueden interceptar hasta 16 teléfonos y grabar ocho líneas al mismo tiempo con mucha fidelidad. Y son tan versátiles que les pueden incorporar accesorios, graban líneas análogas y digitales, y operan desde que el teléfono interceptado da tono. "Son una maravilla, identifican la hora, el día, la duración de cada llamada y el número de donde sale y donde entra la llamada", dice uno de los compradores. "Yo trabajo en telecomunicaciones, lo compré como negocio y me siento satisfecho con la inversión", dice otro.

Lo curioso es que uno de estos equipos, que fue adquirido por cuatro millones de pesos, terminó en 2006 prestándole servicios a la Fiscalía del Huila, como consta en una carta de esta regional en la que agradece el préstamo del equipo al dueño y dice que "le sirvió en sus labores". 

CAMBIO se comunicó con el entonces director del CTI en esa regional, Pedro Miguel Peinado, quien no recordó algunos detalles del porqué ese equipo terminó en su entidad, pero dijo que había durado allí cinco o seis meses. "Estábamos azotados por las Farc y necesitamos interceptar sus comunicaciones radiales. Por eso lo recibimos", señaló Peinado.

El problema es que, según altos funcionarios de la Fiscalía en Bogotá, es ilegal alquilar este tipo de equipos a particulares. "Vamos a investigar qué pasó porque si eso es cierto los funcionarios comprometidos estarán en graves problemas", le dijo a CAMBIO un investigador cercano al fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago.

Por vacíos en la ley, la venta de equipos de interceptación no está reglamentada ni prohibida. La única entidad que puede tenerlos y operarlos es la Policía Judicial, pero lo cierto es que muchos equipos de esta naturaleza  están en manos de particulares, como sucedió con los que remató la Embajada de los Estados Unidos, cuando debía haberlos archivado o destruido.