Octubre 28 de 2009
Chuzadas: 32 equipos de interceptación de llamadas están en manos de particulares
Además se reveló un convenio por el cual la Fiscalía a operar equipos de interceptación que durante seis años estuvieron en poder de la administración del ex procurador general Edgardo Maya Villazón.
La medida que a principios de este mes tomó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de restringir la venta al público de equipos para interceptación telefónica llega tarde, pues el mercado está literalmente inundado de estos equipos a precios al alcance de muchos bolsillos.
CAMBIO hizo un recorrido por varios almacenes de compra-venta de mercancía y descubrió que en 'Mi Principal Desvare', en la calle 32 sur con Avenida Caracas en Bogotá, por ejemplo, se vendieron 32 equipos de interceptación telefónica de la Embajada de los Estados Unidos, que fueron utilizados en el programa NAS, de lucha contra el narcotráfico.
La historia empezó en 1995 cuando Industrias Racom, una multinacional de sistemas de telecomunicaciones, le vendió al Gobierno de Estados Unidos 32 equipos de comunicación modelo 2816A, fabricados en Cleveland, Ohio, con números de serie entre 03580542 y 03580573, cada uno por 3.363 dólares con 50 centavos, que fueron destinados a la Embajada en Bogotá.
A finales de 2005, la Embajada sacó a remate un lote de aparatos eléctricos, electrodomésticos, computadores y muebles de oficina, en el cual estaban también los 32 equipos de interceptación. "El comentario general ese día era que la Embajada quería modernizarse y que valía la pena comprar porque los productos estaban en muy buen estado y a muy buen precio", le contó a CAMBIO uno de los compradores que estuvo en el remate.
Los equipos pueden interceptar hasta 16 teléfonos y grabar ocho líneas al mismo tiempo con mucha fidelidad. Y son tan versátiles que les pueden incorporar accesorios, graban líneas análogas y digitales, y operan desde que el teléfono interceptado da tono. "Son una maravilla, identifican la hora, el día, la duración de cada llamada y el número de donde sale y donde entra la llamada", dice uno de los compradores. "Yo trabajo en telecomunicaciones, lo compré como negocio y me siento satisfecho con la inversión", dice otro.
Lo curioso es que uno de estos equipos, que fue adquirido por cuatro millones de pesos, terminó en 2006 prestándole servicios a la Fiscalía del Huila, como consta en una carta de esta regional en la que agradece el préstamo del equipo al dueño y dice que "le sirvió en sus labores".
CAMBIO se comunicó con el entonces director del CTI en esa regional, Pedro Miguel Peinado, quien no recordó algunos detalles del porqué ese equipo terminó en su entidad, pero dijo que había durado allí cinco o seis meses. "Estábamos azotados por las Farc y necesitamos interceptar sus comunicaciones radiales. Por eso lo recibimos", señaló Peinado.
El problema es que, según altos funcionarios de la Fiscalía en Bogotá, es ilegal alquilar este tipo de equipos a particulares. "Vamos a investigar qué pasó porque si eso es cierto los funcionarios comprometidos estarán en graves problemas", le dijo a CAMBIO un investigador cercano al fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago.
Por vacíos en la ley, la venta de equipos de interceptación no está reglamentada ni prohibida. La única entidad que puede tenerlos y operarlos es la Policía Judicial, pero lo cierto es que muchos equipos de esta naturaleza están en manos de particulares, como sucedió con los que remató la Embajada de los Estados Unidos, cuando debía haberlos archivado o destruido.
¿Interceptación ilegal?
Pero el tema de los equipos de interceptaciones va más allá. CAMBIO conoció que por estos días altos funcionarios de la Fiscalía están inquietos con un convenio firmado el 8 de enero entre esa entidad y la Procuraduría, por medio del cual el ente acusador entraba a operar equipos de interceptación que durante seis años estuvieron en poder de la administración del ex procurador general Edgardo Maya Villazón.
"La Procuraduría se compromete a entregar los equipos con el fin de que el CTI, a través de los protocolos del Sistema Esperanza, realice la labor de interceptación de comunicaciones para la obtención de evidencias dentro de las investigaciones de las partes...", dice uno de los apartes del convenio conocido por CAMBIO.
Lo que hoy algunos funcionarios de la Fiscalía no se explican es por qué el procurador Maya quiso, antes de irse, dejar las máquinas de interceptación al servicio de esa entidad.
La respuesta la tienen otros funcionarios consultados por CAMBIO, quienes aseguran que lo que pretendió Maya Villazón fue volver legal una sala de interceptación que, según la ley, desde 2005 no podía funcionar pues el único que podía realizar este tipo de comunicaciones era el Sistema Esperanza, del que hacen parte la Policía, la Fiscalía y el DAS.
"Aquí nadie se explica por qué la Procuraduría tenía máquinas de interceptación que estaban prohibidas -dice uno de los funcionarios de la Fiscalía-. La convicción es que esos equipos operaron por fuera de la ley".
Este año, cuando se destapó el escándalo de las 'chuzadas' del DAS y cuando se conoció la existencia de una sala de interceptación en la Procuraduría, Maya Villazón fue enfático al señalar que con esos equipos la entidad a su cargo había intervenido más de 440 líneas, con lo que pudo sacar adelante decenas de investigaciones.
No obstante, el nuevo procurador Alejandro Ordóñez, le dio la razón a quienes tenían dudas sobre la legalidad de las interceptaciones. Meses más tarde de asumir el cargo, el alto funcionario ordenó el cierre de la sala de monitoreo que funcionaba en el piso 28 y hoy nadie sabe qué va a pasar con esos equipos. "Con base en el convenio nadie reclamó los equipos en la Procuraduría, ni esa entidad los envió aquí", puntualiza un alto funcionario de la Fiscalía.
No es raro, entonces, que en un país en el que los más altos servidores judiciales no tienen certeza sobre cuáles son las reglas para operar equipos de interceptación de comunicaciones, sea posible conseguir en un almacén de cachivaches equipos tecnológicos rematados por la Embajada de la nación más poderosa del mundo.
Las entidades judiciales tienen ahora la palabra.