Chuzadas: 32 equipos de interceptación de llamadas están en manos de particulares

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¿Interceptación ilegal?

Pero el tema de los equipos de interceptaciones va más allá.  CAMBIO conoció que por estos días altos funcionarios de la Fiscalía están inquietos con un convenio firmado el 8 de enero entre esa entidad y la Procuraduría,  por medio del cual el ente acusador entraba a operar equipos de interceptación que durante seis años estuvieron en poder de la administración del ex procurador general Edgardo Maya Villazón.

"La Procuraduría se compromete a entregar los equipos con el fin de que el CTI, a través de los protocolos del Sistema Esperanza, realice la labor de interceptación de comunicaciones para la obtención de evidencias dentro de las investigaciones de las partes...", dice uno de los apartes del convenio conocido por CAMBIO.

Lo que hoy algunos funcionarios de la Fiscalía no se explican es por qué el procurador Maya quiso, antes de irse, dejar las máquinas de interceptación al servicio de esa entidad.

La respuesta la tienen otros funcionarios consultados por CAMBIO, quienes aseguran que lo que pretendió Maya Villazón fue volver legal una sala de interceptación que, según la ley, desde 2005 no podía funcionar pues el único que podía realizar este tipo de comunicaciones era el Sistema Esperanza, del que hacen parte la Policía, la Fiscalía y el DAS. 

 "Aquí nadie se explica por qué la Procuraduría tenía máquinas de interceptación que estaban prohibidas -dice uno de los funcionarios de la Fiscalía-.  La convicción es que esos equipos operaron por fuera de la ley".

Este año, cuando se destapó el escándalo de las 'chuzadas' del DAS y cuando se conoció la existencia de una sala de interceptación en la Procuraduría, Maya Villazón fue enfático al señalar que con esos equipos la entidad a su cargo había intervenido más de 440 líneas, con lo que pudo sacar adelante decenas de investigaciones.

No obstante, el nuevo procurador Alejandro Ordóñez, le dio la razón a quienes tenían dudas sobre la legalidad de las interceptaciones. Meses más tarde de asumir el cargo, el alto funcionario ordenó el cierre de la sala de monitoreo que funcionaba en el piso 28 y hoy nadie sabe qué va a pasar con esos equipos. "Con base en el convenio nadie reclamó los equipos en la Procuraduría, ni esa entidad los envió aquí", puntualiza un alto funcionario de la Fiscalía.

No es raro, entonces, que en un país en el que los más altos servidores  judiciales no tienen certeza sobre cuáles son las reglas para operar equipos de interceptación de comunicaciones, sea posible conseguir en un almacén de cachivaches equipos tecnológicos rematados por la Embajada de la nación más poderosa del mundo.

Las entidades judiciales tienen ahora la palabra.