Llueven las críticas sobre las Contralorías regionales

Iván Darío Gómez Lee, Auditor general

El 10 de julio pasado, agentes encubiertos del DAS convirtieron al centro comercial Gran Estación en Bogotá en el escenario de una espectacular operación contra el contralor departamental de San Andrés, Ramón Enrique Mosquera: los detectives sorprendieron al funcionario recibiendo parte de los 300 millones de pesos que le exigía al gobernador Pedro Claver Gallardo a cambio de  no someterlo a un juicio de responsabilidad fiscal.

La noticia, que se regó como pólvora en la isla y en el resto del país, marcó el fin de una cadena de delitos cometidos en la cúspide del poder fiscalizador. "Era tal el grado de cinismo de este funcionario, que también le había pedido al Gobernador que le entregara el contrato de concesión del alumbrado público a un amigo suyo", recordó a CAMBIO uno de los investigadores. El caso de San Andrés es apenas un ejemplo del complejo panorama que viven las Contralorías departamentales, donde la corrupción y la politiquería terminaron golpeando la efectividad y la credibilidad de estos organismos. Por esa razón la Auditoría General de la República, organismo encargado de vigilarlas, realizó una investigación que dejó al descubierto el grado de descomposición de algunas de ellas.

Uno de los casos más representativos está en Chocó, donde la corrupción pasea campante por las entidades públicas. Allí los investigadores detectaron que ese despacho desatendió, en año y medio, al menos 400 denuncias de la comunidad que advertían sobre irregularidades en las principales entidades. Los investigadores encontraron también que el contralor Ricardo Rentería Rentería no investigó a 47 funcionarios que tenían la obligación de devolverle al Estado, por acciones contrarias a la ley, 6.180 millones de pesos. "No se ha realizado el informe de la deuda pública, los estados financieros de los sujetos de control no fueron dictaminados, no se ha realizado el  ejercicio de control fiscal a los juegos de suerte y azar", dice el informe de la Auditoría.

Si por allá llueve...

El negro panorama también se evidencia en Soledad, Atlántico, un municipio que por su presupuesto superior a los 200.000 millones de pesos y por los hechos de corrupción que allí semanalmente se denuncian en temas como salud y educación debería tener un efectivo control de las finanzas públicas.

Pero no es así. En los dos últimos años la Contraloría, en cabeza de Marco Antonio Polo, tan solo ha producido tres fallos de responsabilidad fiscal. Uno de los más conocidos es la existencia de un cartel de embargos de contratistas y ex funcionarios que, aliados con servidores de la Alcaldía, de los juzgados y abogados, reclaman acreencias superiores a 45.000 millones de pesos, la mayoría de ellas falsas. "El tema es tan crítico en esa Contraloría que hasta se encontraron irregularidades en manejo de cesantías y aportes parafiscales", dice el informe.  El contralor  Polo le ha dicho a la prensa local que su despacho, con tan solo nueve funcionarios y con poca capacitación, no alcanza a realizar un control efectivo de las finanzas.

En Vichada la situación no es distinta. La Auditoría cuestiona que el contralor Miguel Antonio Caro no produjo un solo acto administrativo de control fiscal en año y medio de gestión, a pesar de que abundan denuncias por desgreño con los recursos de las regalías. El informe critica, en cambio, los cuantiosos viajes del funcionario. Tan solo en viáticos, el jefe del despacho destinó 35 millones de pesos para desplazarse a otras ciudades durante 120 días. "No hay plata para investigar, pero sí para viajar", dice un investigador.

El grupo clave de las Contralorías que la Auditoría clasifica como problemáticas lo completan Barranquilla; Putumayo; Floridablanca, Santander; Dosquebradas, Risaralda, e Ibagué, pues según la investigación, poco o nada hacen para tratar de recuperar el dinero perdido. "El caso de Ibagué es precario. Allá hicieron hallazgos, pero cuando fuimos a mirar no había soportes probatorios. Eso dice mucho de la falta de gestión", concluyó otro funcionario de la Auditoría.

Más allá de los casos individuales, la crítica a las Contralorías se extiende también a la forma como son escogidos sus representantes. Según la ley los contralores departamentales son elegidos por las asambleas, lo que de alguna manera imposibilita que haya independencia frente a la política local. Por otro lado, la mayoría de ellos no están capacitados para hacer control fiscal.

El constitucionalista Jaime Castro considera que las Contralorías territoriales están mandadas a recoger. El problema para él no solo está en esas entidades, sino en toda la administración territorial que necesita una reingeniería por las mafias políticas que se las han tomado.

Algo bien distinto piensa el auditor general Iván Darío Gómez Lee, quien asegura que cuando hay problemas en una entidad la última solución es acabarla. "Vamos a sancionar a los contralores que no cumplan su desempeño. Pero también hay que fortalecer y apoyar las entidades que han mostrado trabajo. En eso no nos podemos equivocar", asegura Lee. 

No todo es malo

Si bien el 60 por ciento de las territoriales han mostrado un desempeño poco halagador, lo cierto es que otras muestran buen desempeño. Es el caso de Manizales, Antioquia, Huila, Valledupar, Caldas, Valle y Cartagena, esta última detectó malos manejos en la administración del ex alcalde Nicolás Curi por 26.000 millones de pesos, y pidió abrir 307 procesos s en esa misma administración durante 2006 y 2007.