Corte indaga si parte del patrimonio del embajador en la India proviene de manejos irregulares

Juan Alfredo Pinto, vinculado hace 30 años al sector Pyme, sostiene que sus detractores no lo han dejado defenderse.

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A finales de julio, la Corte Suprema de Justicia comisionó a un fiscal para que indagara sobre el origen del patrimonio personal del actual embajador de Colombia en la India, Juan Alfredo Pinto, quien estuvo 22 años en Acopi y durante diez fue presidente de la agremiación. La determinación fue tomada por la Corte tras una evaluación preliminar de una denuncia penal formulada por directivos del gremio contra Pinto, a quien acusan de haberse apropiado indebidamente de recursos de la asociación.

Según pruebas que el apoderado del gremio, Daniel Emilio Mendoza, le entregó a la Corte, los recursos fueron extraídos sistemáticamente de Acopi por medio de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia (Cinset), creada en 1987 por Pinto y presentada como si fuera  dependiente de la asociación para asesorar a empresas del sector.

A partir de los supuestos vínculos con Cinset, la Acopi subcontrató sistemáticamente o delegó en esa corporación el manejo de millonarios recursos del Sena y de organismos de cooperación internacional, como la fundación alemana Konrad Adenauer, destinados a la promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el país. Pero ni los recursos ni los réditos llegaron a Acopi, sino que engrosaron las arcas de la corporación.

En diciembre de 2008, varios afiliados al gremio decidieron pedir una investigación sobre los "nexos históricos" entre Acopi y Cinset, tras advertir en un memorando que la crisis financiera de la asociación gremial era inversamente proporcional a la boyante situación de la corporación, pese a que era una entidad sin ánimo de lucro.

Nexos ficticios

La caja de Pandora se destapó en febrero de 2009, cuando una comisión delegada por los afiliados para hacer la investigación entregó un informe con las primeras conclusiones en la Convención Nacional del gremio en Cúcuta: Cinset no dependía ni orgánica ni estructuralmente de Acopi, y era una entidad de carácter privado creada y controlada por Pinto y su familia.

Según los documentos de constitución de la sociedad y las actas de asambleas, Pinto se hizo designar presidente vitalicio y ejerció como tal después de haber concluido, primero en febrero de 1991 y luego en septiembre de 2007, sus dos períodos como presidente de Acopi, lo cual fue interpretado por la Convención como la prueba reina de que no existían nexos entre Acopi y Cinset.

En noviembre de 2008, Norman Antonio Correa, sucesor de Pinto en la presidencia de Acopi, quiso salir de dudas y pidió hacer una auditoría a Cinset, pero el representante legal de la corporación la impidió y dejó en claro que Acopi no tenía competencia sobre la corporación por su carácter privado. Correa renunció entonces a la presidencia de la junta directiva de la corporación, y ocho meses después, en julio de 2009, dejó también la presidencia de Acopi.

En ese momento, la indagación preliminar ordenada por la Corte estaba en marcha. La Fiscalía obtuvo nuevas pruebas en el sentido de que Pinto y su familia seguían manejando Cinset y que, sumadas sus participaciones, tenían el 53,19 por ciento de la sociedad. El hoy Embajador en la India y quien conserva su condición de presidente vitalicio de la corporación, tiene cinco cuotas de la sociedad; su primera esposa, Clemencia García Rico, y sus hijas María Elisa y Lina Beatriz tienen cinco cada una; sus hermanos Constanza Pinto de Nieto y Ricardo Alfonso Pinto tienen dos cada uno, y su cuñada Fabiola Suárez Sanz, una.