Rezago del proceso penal por cuentas del referendo podría incidir negativamente en examen de Corte

El proceso de recolección de firmas, especialmente en su flanco financiero, estuvo cuestionado desde el comienzo del proceso. Foto: Felipe Caicedo / Cambio

El jueves de la semana pasada, la Corte Constitucional pidió a la Fiscalía un reporte sobre el estado de la investigación penal, abierta hace un año, contra 10 miembros del comité de promotores del referendo reeleccionista.  La solicitud, poco común en los exámenes de constitucionalidad, ha sido interpretada en el sentido de que el alto tribunal quiere hacer una evaluación integral del proceso antes de pronunciarse sobre si la ley viola o no la Constitución.

La petición de la Corte causó inquietud en círculos de la Fiscalía porque desde el 16 de febrero, cuando el entonces fiscal general Mario Iguarán ordenó la reasignación del proceso, este no ha avanzado. Por eso es probable que la respuesta sea la de que la investigación está en la etapa de práctica de pruebas.

Lo preocupante del asunto es que cuando Iguarán ordenó la reasignación del caso, la fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico que lo llevaba tenía prevista ya una audiencia de imputación de cargos por fraude procesal y falsedad contra el ex senador Luis Guillermo Giraldo y otros miembros del comité promotor. La fiscal tenía evidencia de facturas adulteradas y falta de soportes válidos de las cuentas entregadas al Consejo Electoral por los promotores del referendo sobre el proceso de recolección de firmas que, según ellos, habría costado 2.600 millones de pesos.

La falta de transparencia en las cuentas fue la razón para que la Registraduría se negara a expedir la certificación sobre el cumplimiento pleno de ese requisito legal.

Pero el fiscal Iguarán decidió quitarle el caso a la fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio y reasignarlo a José Édgar Collazos, fiscal delegado ante la Corte Suprema, con el argumento de que se trataba de un proceso sensible que debía estar a cargo de un funcionario de la más alta categoría. Collazos, ex juez del Valle y quien había sido compañero de Iguarán en la cátedra de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, intentó despejar las sospechas derivadas de la decisión y explicó que el Código de Procedimiento Penal le permitía al fiscal hacer reasignaciones cuando, a su juicio, los casos tuvieran especial connotación para la sociedad, y se comprometió a respetar el camino recorrido por su antecesora.

Con lupa

Casi siete meses después de reasignado el proceso, no hay decisiones de fondo y está pendiente una valoración jurídica de las conductas atribuidas a la cabeza visible del comité promotor del referendo y a otros miembros: la ex magistrada Myriam Donato, el ex ministro Gustavo Dájer, Juan David Ángel Botero, Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Jedel Saavedra Salcedo, Álvaro de Jesús Job y David Salazar Ochoa.

Según la investigación, Giraldo habría ocultado algunos aportes que, sumados, superaban los topes establecidos por la ley y por esa razón los presentó en su informe al Consejo Electoral como un crédito de la Fundación Colombia Primero al comité promotor pero no a la campaña. Esto fue denunciado por varios medios de comunicación y miembros de la oposición como una maniobra dolosa para esconder la violación de los topes que, según la ley, no podían exceder los 3,4 millones de pesos por persona natural o jurídica.

El expediente, hoy rezagado en la Fiscalía, se abrió con base en un informe del magistrado del Consejo Electoral, Joaquín José Vives, comisionado para  investigar las cuentas del referendo, informe que fue respaldado por siete de los ocho miembros del tribunal, y según el cual los promotores de la recolección de firmas pretendieron inducir a error al organismo. Sólo el magistrado Héctor Osorio se apartó del criterio mayoritario. En su opinión, el Consejo no tenía competencia para fiscalizar las cuentas de un proceso de iniciativa popular. Osorio, hermano del ex fiscal general Luis Camilo Osorio, fue el primer comisionado por el Consejo para investigar las cuentas y mantuvo el asunto engavetado 37 días, hasta que fue relevado por Vives.

Expertos consultados por CAMBIO sostienen que el rezago de la investigación penal podría incidir negativamente en la valoración que haga la Corte Constitucional, que se propone revisar si durante el trámite de la ley aprobatoria del referendo, incluida la recolección de firmas, fueron respetadas las normas constitucionales.

Héctor Benítez Mafla, profesor de la Universidad del Valle, considera que con respecto a la rendición de cuentas "parecer haber un mal encubrimiento de un grave vicio que seguramente merecerá el reproche de la Corte Constitucional, lo cual ensombrece la legitimidad misma de la ley aprobada por el Congreso, y podría restarle puntos durante el juicio de exequibilidad".

Mientras espera el informe de la Fiscalía, la Corte Constitucional revisará las actas del trámite de la ley en las dos cámaras y evaluará la forma en que fueron resueltos más de 80 impedimentos presentados por los congresistas y el quórum de cada una de las sesiones donde hubo votación. Sigue el conteo regresivo.