Carta del contralor

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Es preciso señalar que en una oportunidad y en forma excepcional, con motivo del empalme y recepción de la Presidencia de Olacefs con nuestro homólogo de El Salvador, se hizo necesario además de la participación de la asesora de asuntos internacionales y la directora de Capacitación, la presencia del director Administrativo y Financiero y de la directora de Comunicaciones y Publicaciones, quienes jugaron un papel preponderante en el recibimiento de la Presidencia toda vez que cumplieron las funciones administrativas que se requirieron para asumir dicha responsabilidad.

Nómina paralela

No es cierto que los contratos realizados por la Contraloría obedezcan al manejo de una nómina paralela y tampoco lo es que la entidad cuente con una planta de personal suficiente para atender la cobertura de las entidades controladas o sujetos de control, que los últimos tres años se han triplicado al pasar de 490 en 2006 a 1.709 en 2009, incluidas las entidades territoriales.

Cuando asumimos el cargo evidenciamos que debido al aumento de entidades a controlar y a la reducción de la planta de personal se vio afectado el número de sujetos auditados y el monto del presupuesto, lo que nos llevó a desarrollar una estrategia que permitiera aumentar cobertura, situación que se ha visto incrementada en los últimos tres años.

Aun cuando la suma de contratos ha sido mayor, en momentos en que la mayoría de las auditorías se encuentran en ejecución, el número actual de contratos activos es de 120 y toda la contratación obedece al proyecto de inversión previamente aprobado por Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, inscrito en el Banco de Proyectos con el código BPIN 186-00022-0000, bajo el título "ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura del control fiscal ejercido por la CGR".

Esta contratación ha permitido el aumento de auditorías que se han realizado en otros sectores estratégicos y hacer un cubrimiento mayor del proceso auditor al Sistema General de Participaciones (SGP), que está constituido por los recursos que la Nación transfiere a los departamentos, distritos y municipios para financiar los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico; y a los recursos de regalías, principal fuente de inversión de un numeroso grupo de entidades territoriales.

La auditoría al Sistema General de Participaciones (SGP), que son las mismas transferencias de la Nación a los departamentos, distritos y municipios, se incrementó entre 2006 y 2009 en un 220%, al pasar de 141 auditorías a 451; mientras que en regalías se acrecentó en un 114%, al pasar de 43 a 92. En general, el proceso auditor se incrementó en este período en un 45,3%, al pasar de 939 auditorías en 2006 a 1.364 en 2009.

En las auditorías a los recursos de regalías se encontraron hallazgos por 196 mil millones de pesos, los cuales están siendo objeto de los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal.

Adicionalmente se produjeron 1.535 procesos administrativos sancionatorios, que terminaron con multas por valor de $1.666.307.957, siendo sancionados 25 gobernadores, 1.462 alcaldes de diferentes periodos y 51 funcionarios públicos. Estos resultados positivos nunca podrían haberse alcanzado sin el aumento de cobertura generado por la contratación antes mencionada.

Actualmente están en trámite procesos de responsabilidad fiscal por 2,2 billones de pesos. En los últimos tres años el resarcimiento dentro de la etapa de jurisdicción coactiva asciende a $16.710 millones, que comparado con la gestión de la administración anterior corresponde a un incremento cercano al 70% y un resarcimiento durante el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, que asciende a $52.032 millones.

Contrato No. 666 de 2008 para encuesta de satisfacción de servicios recibidos por el Congreso General de la República