Oficial del Ejército entregó el número telefónico del magistrado Velásquez que terminó 'chuzado'

El magistrado Iván Velásquez Gómez coordina el equipo que investiga en la Corte Suprema los nexos entre políticos y grupos paramilitares. Foto: Claudia Rubio / Cambio

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Un oficial del Ejército y un próspero comerciante y ganadero de Facatativá tendrían las claves para desentrañar qué hay detrás de las interceptaciones ilegales hechas al celular del magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, cabeza del equipo que investiga la 'parapolítica'.

Según fuentes próximas a la investigación, el oficial, un capitán de apellido Londoño, asignado al Grupo Antiextorsión y Secuestro del Ejército, fue encargado de preparar un informe de Inteligencia sobre el secuestro de una persona en la región del Sumapaz y entre las referencias que le dieron para llegar a los secuestradores que exigían una gruesa suma de dinero por su rescate, figuraba el número del celular del magistrado. Y el ganadero es Iván Reinaldo Casas Ruiz, dueño de Depósito y Ferretería Casas, quien entregó a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, en Bogotá, los números de dos celulares desde donde supuestos guerrilleros del frente 47 de las Farc exigían el pago de vacunas, uno de los cuales correspondía al del celular del magistrado.

El capitán Londoño y Casas no se conocen, pero los investigadores se preguntan si se convirtieron en piezas de un plan para obtener autorización legal para interceptar el teléfono de Velásquez Gómez.

Primer capítulo

El nuevo y sospechoso episodio de 'chuzadas' empezó el 27 de mayo pasado, cuando Casas viajó de Facatativá a Bogotá para declarar ante la URI que dos guerrilleros de las Farc, que se hacían llamar 'Manuel' y 'Álvaro', lo estaban extorsionando. La denuncia -No. 1100160000- fue radicada en la categoría de "Responsables en averiguación". Veinticuatro días después, Casas volvió a la Fiscalía para ampliar la denuncia y aportó como evidencia dos números de celulares de las series 311 y 300, uno de ellos a nombre de Velásquez.

El 5 de agosto, el fiscal 269 de Bogotá Manuel Ricardo Fernández, encargado de la investigación, dirigió al CTI la orden No. 524 para que los dos teléfonos fueran monitoreados por el sistema conocido como 'Esperanza', que opera en la Fiscalía; seis días después empezaron las interceptaciones.

Los analistas oyeron durante tres días las conversaciones del magistrado y las grabaron, y como no encontraron evidencia criminal alguna en el informe que entregaron al fiscal Fernández pidieron cancelar las escuchas. Su solicitud fue acogida apenas cuatro días después y en ese lapso los operadores del sistema siguieron oyendo las conversaciones de Velásquez.

La Fiscalía y el CTI no se explican por qué los funcionarios encargados de las interceptaciones, que son personas bien entrenadas y que conocen los procedimientos judiciales, no hicieron averiguación alguna para establecer los nombres de los usuarios de los celulares, ni se dieron cuenta de que tenían interceptado nada menos que a un magistrado de la Corte Suprema.

Segundo capítulo

El 19 de agosto se produjo una historia similar pero con otros protagonistas. Ese día, un fiscal delegado ante el Gaula de la Policía en Fusagasugá (Cundinamarca), envió una solicitud al sistema 'Esperanza' de la Fiscalía para interceptar los teléfonos de presuntos miembros de una red de secuestradores que tenían en su poder a un hombre de negocios -después sería rescatado por el Ejército.

Para apoyar la investigación fueron asignados el capitán Jesús Mateus Perafán, miembro de la Dirección Anti-secuestro y Antiextorsión de la Policía, el intendente Ferney Galvis, y Jorge Moreno. Una vez más, entre los teléfonos que iban a ser interceptados figuraba el del magistrado Velásquez, y en esta oportunidad aparecía el nombre del magistrado y su número de cédula. Curiosamente,  en este caso tampoco ninguno reparó en la condición del personaje cuyo teléfono sería intervenido.

Una de las primeras conversaciones monitoreadas se dio el 21 de agosto: Velásquez conversó con James Faulkner, alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, sobre asuntos de cooperación judicial. Esta grabación fue la piedra del nuevo escándalo desatado por denuncias periodísticas según las cuales el DAS seguía 'chuzando'.

Pero el caso dio un giro sorpresivo el pasado lunes, cuando el fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago reveló que desde la propia Fiscalía habían interceptado conversaciones telefónicas del magistrado Velásquez. De inmediato, el Gobierno reaccionó y por medio del vicepresidente Francisco Santos denunció: "Esta es una gran movida de delincuentes para desprestigiar al Gobierno que más los ha combatido -dijo-. Eso pone en tela de juicio absolutamente todo lo publicado por las revistas, los medios, las radios... sobre las interceptaciones ilegales y arbitrarias".

Sin embargo, el mismo fiscal Mendoza separó estos nuevos episodios de las 'chuzadas' en las que ha estado implicado el DAS. "Son dos temas e investigaciones completamente diferentes". Todo indica, entonces, que la Fiscalía podría haber sido utilizada por agencias del Estado, como el Gaula de la Policía y el Ejército, para  hacer interceptaciones legales al magistrado Velásquez. Al ser interrogado por investigadores de la Fiscalía, un policía que participó en estas, aseguró que el número del celular del magistrado se lo dio el capitán Londoño del Ejército, quien le dijo que era clave para dar con el paradero de un secuestrado.