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Quién está detrás de todo esto, es la pregunta que ha quedado en el ambiente. El comerciante Casas de Facatativá y el capitán Londoño podrían tener parte de la respuesta. Consultado por CAMBIO, Casas, muy nervioso, aseguró que no recordaba haberle entregado a la Fiscalía el número telefónico del magistrado, pero otra cosa dijo ante el organismo investigador, y cuando se le formularon otras preguntas respondió: "No diré una palabra más mientras no tenga autorización de la Fiscalía".
No obstante que era fácil establecer que uno de los teléfonos interceptados era el del magistrado Velásquez, nadie lo hizo y la pregunta es por qué. Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que detrás de bambalinas podrían estar ex funcionarios del DAS interesados en crear confusión para eludir responsabilidades. Otra apunta a que el DAS no era la única agencia que 'chuzaba' teléfonos de personas a quienes el Gobierno no ve con buenos ojos.
Y una última tiene que ver con el supuesto complot para desprestigiar al Gobierno. Como ocurrió en el capítulo de las 'chuzadas' del DAS, este nuevo y accidentado episodio tampoco está cerrado. Queda mucha tela qué cortar, porque aún no se conocen los nombres de los verdaderos responsables y porque, como suele ocurrir en el país, nadie está dispuesto a asumir culpas y a plantear soluciones estructurales y de fondo.
Las claves de 'la sala gris'
Otro de los escenarios de la investigación sobre interceptaciones ilegales será una dependencia de monitoreo de comunicaciones conocida como "la sala gris", operada conjuntamente por expertos del Ejército y fiscales de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con evidencias recogidas durante la última semana desde allí también pudieron haber sido interceptadas parte de las comunicaciones del magistrado auxiliar de la Corte, cuyo número telefónico se 'coló' en uno de los expedientes que tienen que ver con las acciones de la guerrilla.
El asunto podría manchar la reputación de 'la sala gris', utilizada habitualmente en tareas de inteligencia contra jefes de las Farc y el Eln, principalmente.
El eslabón perdido
Iván Reinaldo Casas es el dueño de una de las ferreterías más conocidas en Facatativá y allí tiene fama de ser un hombre bondadoso y preocupado por los problemas de la comunidad. Tanto, que consiguió sin esfuerzo la presidencia de la Junta de Acción Comunal de El Prado, un populoso sector en el que montó su negocio hace seis años.
Nadie allí recuerda haberlo visto rodeado de escoltas, ni inquieto por amenazas o extorsiones. Para sus vecinos fue una sorpresa que su nombre apareciera como protagonista de un escándalo que hoy tiene en ascuas a funcionarios de la Rama Judicial y del Gobierno.
¿Está siendo utilizado este hombre con propósitos perversos? Por ahora él rehuye dar explicaciones públicas. Aunque a CAMBIO le dice que no recuerda haber entregado el número celular del magistrado Velásquez, a la Justicia le habría dicho que lo recibió de manos de un paisano suyo boyacense que llegó a buscarlo desde Villavicencio y que aparentemente estaría vinculado al caso. Esta versión enreda aún más las cosas.