Un conflicto de intereses entre las secretarías de Gobierno y de Movilidad explica los bandazos que ha dado la Alcaldía de Bogotá en el tema de las tarifas por minutos de los parqueaderos, y lo peor de todo es que los usuarios terminaron perdiendo.
El 30 de agosto, en vísperas de la promulgación del decreto que fijó las tarifas, el secretario de Movilidad Fernando Álvarez firmó un borrador que establecía que la tarifa máxima por minutos, "incluido el valor de los impuestos y costos administrativos", era de 87 pesos. Uno de sus asesores, Mauricio Alejandro Camacho, envió un correo electrónico a la Secretaría de Gobierno en el que notificaba la medida, mensaje que recibió Natalia Bustamente, asesora de ese despacho. Sin embargo, al día siguiente fue expedido el decreto con una modificación sustancial: eliminaba el artículo 1º que mencionaba en forma específica los impuestos (ver facsímile en Recursos Relacionados).
¿Por qué el cambio? Según los concejales Andrés Camacho y Javier Palacio, autores del Acuerdo que estableció el cobro por minutos, el artículo fue eliminado porque la secretaria de Gobierno Clara López Obregón "quería beneficiar a los dueños de los parqueaderos". Si el decreto no mencionaba al IVA, la administración podía alegar que no lo estaba cobrando y de esa manera los propietarios tenían margen para subir las tarifas. Por eso, 15 días después de expedido el decreto, López incluyó el 16 por ciento del IVA para llenar el supuesto vacío legal que tenía la norma.
La maniobra significa que ahora los propietarios de los vehículos, que antes pagaban 1.300 pesos por cuarto de hora, deberán pagar 1.550 pesos. "El Distrito hizo eso a sabiendas de que la tarifa estipulada inicialmente contemplaba el IVA -asegura el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro-. La pregunta que hay que hacer ahora es quién intervino para modificar el decreto y qué tipo de presión ejercieron los propietarios de los parqueaderos".
El subsecretario de Movilidad, Carlos José Herrera, sostiene que el secretario Álvarez proyectó el decreto con el IVA incluido, pero negó roces internos entre las secretarías de Movilidad y de Gobierno. "Somos una familia y solemos concertar las decisiones pensando siempre en el bien de la ciudad", aseguró el funcionario. ¿Familia disfuncional?