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El castigo físico trasciende a las escuelas y colegios: el año pasado la Procuraduría General de la Nación ordenó a los alcaldes y gobernadores vigilar de cerca la conducta de los maestros, luego de tramitar 550 investigaciones contra docentes por maltrato infantil y abuso sexual. La mayoría de casos fueron en Cundinamarca y Boyacá. "Una verdadera pedagogía o crianza jamás podrá contemplarse de manera violenta -advierte Dávila- adagios populares como 'la letra con sangre entra' han contribuido a perpetuar el problema".
La ONU fijó en 2009 el plazo para incluir en las legislaciones de los países miembros la prohibición explicita de la violencia contra niños y adolescentes. Colombia ya lo hace, pero será difícil de cumplir mientras los padres continúen considerando necesario acudir a las palmadas para educar.