¿Qué hay detrás de 3.189 contratos de servicios que ha firmado la Secretaría de Gobierno de Bogotá?

La concejal Ángela Benedetti (izq) denunció irregularidades en un convenio firmado por Clara López, secretaria de Gobierno de Bogotá. Fotos: Archivo Cambio

El miércoles 26 de agosto, más de 100 contratistas de la Secretaría de Gobierno se reunieron en el Club del Comercio de Bogotá para discutir temas de la ciudad. La invitación, sin embargo, no fue gratis ni era desinteresada: cada uno de los asistentes tuvo que hacer un "aporte voluntario" de 100.000 pesos. "No me cabe duda de que esa plata va para la campaña al Senado del ex concejal Carlos Romero, esposo de la secretaria de Gobierno Clara López", le dijo a CAMBIO uno de los contratistas que asistió a la reunión y que pidió omitir su nombre.

Varias situaciones de este tipo comprometen a la Secretaría de Gobierno. Según fuentes de la propia Administración, un buen número de contratistas estaría dedicado a conseguir votos para apoyar las aspiraciones de Romero al Congreso. En una conversación telefónica conocida por una red de veedores, Marta Aguirre, contratista de la Secretaría, dice: "Cada uno de nosotros tiene asignada una zona para buscarle apoyo al candidato. Yo, por ejemplo, me muevo en la localidad octava de Kennedy".

En el año y nueve meses que lleva López Obregón al frente del cargo,  ha firmado 3.189 contratos de prestación de servicios por 76.000 millones de pesos, número muy superior al que se suscribió durante los dos últimos años de la administración de 'Lucho' Garzón: 1.984 contratos.  

CAMBIO tuvo acceso a la base de datos de la Secretaría donde aparece una relación de todos los contratistas, y pudo establecer que varios contratos han sido adjudicados a amigos del ex concejal, que unos tienen el mismo objeto y otros solo un mes de duración. Por ejemplo, el contrato No. 0631 firmado con Armando de los Milagros Gutiérrez, un ex concejal que trabajó con Romero en varios proyectos de acuerdo en el Concejo, fue prorrogado cuatro veces. Las prórrogas le han significado a Gutiérrez ingresos superiores a los 100 millones de pesos.

Pese a que la Secretaría tiene un departamento y varios funcionarios encargados de atender a la población desplazada y a las víctimas de la violencia, existen cerca de 100 contratistas para desarrollar el mismo tipo de funciones. "Si bien es cierto que en ocasiones los funcionarios necesitan asesores, me parece que en esta Administración la cartera de Gobierno superó los límites", asegura el ex subsecretario de Gobierno Hugo Acero.

Todo indica que a López se le olvidó que en abril de 2004, cuando era auditora general de la República, envió una carta a todos los contralores del país en la que les recordaba que las entidades públicas -que deben tener la planta de personal necesaria para el cumplimiento de sus fines- "solo en forma excepcional deben vincular personal por contrato de prestación de servicios".

Aparte de contratos aparentemente innecesarios, también hay convenios interadministrativos cuestionables como el No. 815-08 suscrito con la Policía Metropolitana por 6.000 millones de pesos, para fortalecer a los auxiliares bachilleres mediante "la adquisición de bienes y servicios para la seguridad y la defensa nacional".

Los cuestionamientos con respecto a este convenio tienen que ver con el hecho de que fue firmado bajo la modalidad de reserva, que exige  concepto previo de la Presidencia de la República, requisito que no se cumplió.  "Al no ser parte de las entidades del sector Defensa, la Secretaría no podía aplicar ni contratar nada bajo la modalidad de reserva", asegura la concejal Ángela Benedetti, quien denunció el caso.

La segunda irregularidad tiene que ver con la subdivisión del convenio en 58 contratos, de los cuales 21 no tenían que ver con el objeto del mismo. Por ejemplo, aparecen conferencias sobre proyectos de vida, cursos de inglés, impresión de piezas de publicidad, diseño de estrategias en medios de comunicación, adquisición de equipos de audio y televisores, entre otras.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda aseguran que López está pidiendo un crédito por 50 millones de dólares para seguridad y la pregunta es si esa plata se necesita cuando el presupuesto para seguridad es de 1,2 billones de pesos. "Ojalá no aprueben el préstamo porque esos recursos también podrían terminar aceitando las maquinarias políticas  electorales", dice Acero.

CAMBIO intentó comunicarse con López y, además, le envió un cuestionario por escrito y esta se negó a responder.

Cuando en Bogotá hay un déficit de policías cercano a los 6.000 hombres, y la inseguridad crece en las calles, la pregunta es si la Secretaria de Gobierno tiene bien establecidas las prioridades de la ciudad.