Jefe de escoltas de Galán tiene en su historial sanciones que al parecer han pasado desapercibidas

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El ex director del DAS Miguel Maza Márquez y su jefe de división de Protección, el coronel Marco Antonio González, no tienen duda de que Jacobo Torregroza -el ex oficial de la Policía, que designaron como jefe de seguridad de Luis Carlos Galán justo un mes antes del magnicidio- era un hombre digno de confianza. Así lo han manifestado en sus declaraciones ante la Fiscalía, que investiga otros aspectos de la muerte del líder liberal.

Sin embargo, CAMBIO investigó el pasado de Torregroza y encontró que su hoja de vida como policía registra, entre 1969 y 1972, tres sanciones con 'represión severa' por incumplimiento de sus labores y por sacar documentos sin autorización, y además fue suspendido y arrestado por "ocultar a sus superiores irregularidades sobre su servicio". No obstante, esos antecedentes al parecer pasaron desapercibidos durante el proceso de admisión en el DAS.

No se trata de un asunto menor pues en el expediente judicial obran evidencias según las cuales algunos de los escoltas habrían facilitado la acción de los sicarios que atentaron contra Galán durante una manifestación en la plaza de Soacha (Cundinamarca). Incluso una de las pruebas fundamentales revela que una de las armas usadas hacían parte de la dotación oficial del DAS.

Este hecho alimenta las dudas de quienes, como los miembros de la familia Galán, consideran que la Justicia debe establecer si la súbita llegada de Torregroza al DAS hizo parte del ardid criminal que concluyó con la muerte del entonces candidato presidencial. "Él generaba desconfianza y conflicto en el grupo de escoltas -asegura Carlos Fernando Galán, hijo del dirigente asesinado-. Amenazaba con cambiar a los miembros de la protección que eran bien vistos por la familia y, para completar, en el video el día del atentado se ve claramente que Torregroza lo suelta segundos antes de subirse a la tarima".

En esas circunstancias, el ex oficial de la Policía sería hombre clave para esclarecer el magnicidio. Sin embargo, su destino ha estado rodeado, desde agosto de 1989, por un halo de misterio. Según el expediente oficial, desapareció en 1990 y la Fiscalía solo volvió a saber de él cuando recibió la noticia de que al parecer había muerto en 2000 a causa de un derrame cerebral.

La Registraduría Nacional ha mostrado una copia del registro civil de defunción, según el cual su muerte se produjo cuando era atendido en una clínica de Santa Marta, pero han surgido nuevos indicios que abren interrogantes sobre si en realidad falleció o si la versión de su deceso hace parte de una trama para borrar el rastro de quien hoy es señalado como sospechoso de ser pieza clave del engranaje para asesinar al candidato liberal.

Su familia, que vive en Ciénaga, Magdalena, se niega a hablar con la prensa sobre la vida del teniente y lo único que han dicho es que falleció en la clínica El Prado de la capital del Magdalena y que fue enterrado en Bogotá. Tampoco quiso decir en qué cementerio fue inhumado.

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Mientras las autoridades buscan ahondar en el asunto, CAMBIO encontró evidencias nuevas que señalan que el posible eslabón perdido en el proceso estuvo vinculado a una investigación por narcotráfico en los Estados Unidos y que pagó cinco años de cárcel en ese país. En junio de 1995, cinco años después de ser retirado del DAS y de desaparecer de la escena, fue arrestado en Miami con heroína.