Juicio del almirante Gabriel Arango Bacci comienza en la Corte Suprema

Foto: Felipe Caicedo / Cambio

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La suerte jurídica del almirante Gabriel Arango Bacci comenzó a definirse esta semana en la Corte Suprema de Justicia, donde se inició el juicio en su contra luego de ser acusado de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión. En el juicio están llamados a comparecer desde narcotraficantes confesos ya extraditados hasta oficiales activos de la Armada, periodistas y ex presidentes, que tendrán la obligación de desmentir o reafirmar lo dicho por los involucrados en un proceso que sacudió al país, especialmente a la Armada Nacional.

La Corte tendrá que definir si, por ejemplo, le da valor a un documento aportado al expediente por la cúpula de la Armada que contiene la huella de Arango Bacci y en el que presuntamente consta que el oficial recibió 115.000 dólares de una organización denominada como 'El señor de la herradura'. Aun cuando la Fiscalía, en un examen pericial determinó el 19 de octubre de 2007 que la huella era falsa, el documento continuó siendo parte del acervo probatorio del ente acusador.

En el proceso se advierte que el documento fue aportado por el entonces director de Inteligencia de la Armada, capitán de navío Luis Tovar Neira, quien aseguró que una persona anónima se lo entregó el 14 de marzo de 2007, en la puerta del hotel Tom de Cartagena donde se encontraba hospedado. Sin embargo, la defensa de Arango ha dicho que la información del oficial no es veraz, pues se pudo establecer que sólo se registró en dicho hotel a partir del 17 de marzo de 2007. El Alto Tribunal deberá estudiar también decenas de grabaciones interceptadas por las autoridades a un grupo dedicado al tráfico de cartas de navegación de la Armada y reportes de ubicación de barcos guardacostas. En tres de las grabaciones, dos integrantes de la banda insinúan que la organización debe contactar al almirante Arango para que colabore con el grupo.

Para la defensa del alto oficial, se trata de una evidencia inconsistente, por tratarse de una conversación entre terceros  donde se evidencia el propósito de involucrar al oficial en tratos con organizaciones criminales. No obstante, en entrevista con CAMBIO Arango Bacci no explicó suficientemente por qué dos delincuentes hablan precisamente de él con tanta familiaridad. 

Más pruebas

Otra prueba que la Fiscalía tuvo en cuenta para llamar a juicio al oficial, tiene que ver con la declaración de Jaime Pérez Charry, testigo estrella de la parapolítica y de procesos de narcotráfico en la costa Caribe, cuyos testimonios han sido puestos en duda.

Pérez Charry aseguró haber visto a Arango reunido en un apartamento del edificio Las Cascadas en Santa Marta con el narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, 'Boliche'. Al ser indagado sobre el asunto, y cuando le preguntaron por la fecha de la reunión, Pérez dijo que no estaba seguro si había sido en octubre de 2000, o en febrero de 2001. El testigo también aseguró que el oficial recibía mensualmente 3 millones de pesos de la organización que traficaba con cartas de navegación, dinero que era consignado en cuentas de Davivienda y Conavi. 

No obstante, la defensa de Arango, con base en registros de las autoridades, logró probar la inexistencia de las cuentas bancarias al tiempo que comprobó que para la época Pérez Charry se encontraba radicado en Venezuela.

Un punto a favor del Almirante tiene que ver con una retractación del mismo Pérez que recientemente aseguró que se había prestado para el montaje contra el oficial, porque la Fiscalía le prometió, además de protección, recursos económicos. Aun así el ente acusador mantuvo esta declaración como prueba determinante en el proceso.

La Corte Suprema aceptó que durante el juicio testifique el confeso narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, 'Chupeta', extraditado a Estados Unidos el 22 de agosto de 2008. Su declaración será fundamental, pues las pruebas han dejado entrever que Arango, como jefe del Comando de San Andrés, ordenó, el 21 de enero de 2004, que la fragata ARC Almirante Padilla se moviera de su ubicación, con el propósito de permitir que lanchas al servicio de Ramírez no fueran interceptadas.

De acuerdo con la Fiscalía, en un computador de 'Chupeta', incautado en enero de 2007, donde hay una relación de pagos de sobornos a policías, militares, políticos, etc, aparece un ítem fechado el 22 de enero de 2004 que dice:  "Cuadre movida Fragata sitio. 70.000 dólares".

Aun cuando en la anotación no aparece el nombre de Arango Bacci, la Fiscalía creyó que la fecha registrada en el computador coincide con el movimiento de la fragata que él había autorizado en 2004. Bacci sostiene que ordenó el desplazamiento de la  nave con base en órdenes dadas por sus superiores. Pero, además, la defensa ha argumentado que las rutas de la organización de 'Chupeta' no operaban en el Atlántico sino en el Pacífico.