Corte Suprema investiga 23 notarías que Gobierno habría entregado a congresistas a cambio de apoyos

Un nuevo tinglado judicial se abre en la Corte Suprema de Justicia con el capítulo del tráfico de notarías, que en buena medida está todavía inédito. Foto: Héctor Fabio Zamora / Cambio

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La solidaridad política y la complicidad entre Luz Yaneth Rojas Portilla, notaria 11 de Bucaramanga, y el senador Alirio Villamizar, vicepresidente del Directorio Nacional Conservador, se rompió el miércoles 19 de agosto, cuando Rojas fue interrogada por dos magistrados auxiliares de la Corte Suprema sobre la forma como había llegado al cargo. Inicialmente, la notaria Rojas contó que gracias a su buen manejo de la Notaría de Charta -a 41 kilómetros de Bucaramanga-, la habían trasladado a la capital santadereana y aseguró que ni su esposo, el Alcalde de El Playón, ni su jefe político, el congresista Villamizar, habían tenido nada que ver con el ascenso. Sin embargo, el tono y la seguridad que demostraron los magistrados al formularle otras preguntas la llevaron a la conclusión de que sabían mucho más de lo que ella creía. Fue entonces cuando los nervios la traicionaron, prorrumpió en llanto y pidió un receso.

Iniciada de nuevo la diligencia, ya más calmada, Rojas dijo: "Es inútil mentir, voy a contarles toda la verdad". Entonces, los magistrados y el escribiente que copiaba la declaración en un computador portátil, oyeron su confesión: "Tenemos un acuerdo con el doctor Villamizar para partir por mitades lo producido por la Notaría". No tenía documentos a la mano para probarlo, pero aseguró que la esposa de Villamizar, Patricia, era la encargada de llevar las cuentas y de mantener contacto permanente con un contador que la visitaba con regularidad en el despacho para verificar los ingresos.

Fue entonces cuando los magistrados ordenaron a los miembros de la comisión de apoyo del CTI de la Fiscalía que registraran tanto la Notaría como la casa del senador Villamizar, en el condominio Lagos del Cacique. Cuando los agentes del CTI llegaron a la casa del congresista, los estaban esperando su esposa y uno de sus hijos, Danny, quien posteriormente fue motivo de escándalo por cuenta de un documento hallado en su residencia que demostraba que había recibido un subsidio no reembolsable por 496 millones del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura.

Como lo había advertido la notaria Rojas, la agenda de la señora de Villamizar fue pieza clave para demostrar la veracidad de su versión. En ella, la esposa del congresista no solo tenía anotados los ingresos mes por mes de la Notaría, sino los compromisos políticos adquiridos por su esposo a cambio de dinero. Uno de ellos, que deberá ser verificado, es un pacto que habría firmado con el actual alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, para apoyar la campaña que lo llevó al cargo.

Aparte de la agenda, una sorpresa mayor se llevaron los agentes del CIT cuando descubrieron una caja fuerte empotrada en una pared, que el congresista, que acababa de llegar de urgencia de Bogotá, inicialmente se negó a abrir. En ella encontraron 700 millones de pesos y 25.000 dólares en efectivo. Villamizar no quiso responder entonces por el origen del dinero -dijo que lo haría en el momento debido-, pero lo cierto es que ni en sus declaraciones de renta ni en los extractos de sus cuentas bancarias los investigadores encontraron rastros de ese dinero.

Por lo pronto, la Corte Suprema anunció que llamará al senador a versión libre, y todo indica que si no es posible probar que la Notaría de Rojas hace parte de las prebendas ofrecidas por el Gobierno a congresistas a cambio de su apoyo a la reforma constitucional que permitió la segunda reelección de Uribe en 2006, deberá enfrentar un proceso por enriquecimiento injustificado.

El sorpresivo hallazgo en la residencia del senador Villamizar abre la puerta para que la Corte haga lo propio con otras 22 notarías sobre las cuales existen serias evidencias en el sentido de que fueron entregadas a congresistas a cambio de votos reeleccionistas.

El punto de partida de las investigaciones fue la declaración que rindió el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, ante la Sala Penal de la Corte en junio pasado.  Cuello dijo ante los magistrados que  cuando desempeñaba el cargo recibió presiones del Gobierno para crear notarías y entregarlas a los amigos del entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega. Según el ex superintendente, eran cuotas reservadas para los amigos de la reelección e inicialmente mencionó 70 notarías.

El testimonio de Cuello Baute coincidió en gran medida con el de la ex parlamentaria Yidis Medina, condenada por cohecho y en prisión domiciliaria. Medina aportó a la Corte un listado de por lo menos 10 notarías que, según ella, fueron entregadas por el Gobierno como contraprestación por favores políticos. Las más importantes están en Bogotá, Barranquilla, Manizales y Facatativá.