Corte Suprema investiga 23 notarías que Gobierno habría entregado a congresistas a cambio de apoyos

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Por ejemplo, Medina sostuvo que se enteró de las negociaciones con la Notaría 2º de Facatativá, en la que fue nombrado el abogado Ignacio Cruz Cruz, al parecer cuota de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez. De la misma forma, los magistrados investigan qué pasó en la Notaría 61 de Bogotá con la que, según versión de Yidis Medina, el Gobierno le pagó favores al congresista del Atlántico Alonso Acosta, con el nombramiento de la abogada Carla Ospina, el 10 de agosto de 2005.

También están en la mira de la Corte Suprema las notarías 6a. de Barranquilla, 1a. de Manizales, y 57, 66 y 36 de Bogotá, supuestamente entregadas a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Milton Rodríguez y Luis Humberto Gómez Gallo.

Un capítulo importante que va a explorar la Corte tiene que ver con la Notaría 13 de Bogotá, en la que fue nombrada Teresa Aguilar Rodríguez, supuestamente como cuota del ex senador Mario Uribe. Hace un mes,  Medina le dijo a CAMBIO que se enteró de ello porque estuvo en reuniones donde tocaron el tema: "Estuve en una parranda vallenata con Milton Contreras (ex funcionario de la Superintendencia de Notariado) y con la misma Teresa Aguilar, y allí se habló del asunto".

La Corte tiene pruebas adicionales que sustentan las declaraciones tanto de Cuello Baute como de Medina. Se trata de los decretos mediante los cuales fueron creadas decenas de notarías en 2005, precisamente en la época en que los representantes de la Comisión Primera de la Cámara aprobaron la reelección presidencial.

CAMBIO pudo establecer que el equipo de investigación conformado por la Corte y el CTI ha logrado que por lo menos cinco notarios empezaran a colaborar con las investigaciones, pues están convencidos de que su situación puede complicarse si no contribuyen a establecer la verdad.

En resumen, se sienten pasos de animal grande. La Corte no quiere dejar cabos sueltos y con pruebas irrefutables busca consolidar los casos y evitar sindicaciones que considera injustas de politización de la Justicia. La  Fiscalía y la Procuraduría, dentro de sus órbitas de acción, deberán actuar en consecuencia, sin chocar con la Corte Suprema, como ocurrió en el proceso de la 'Yidispolítica'.  

El beneficio de la duda para Villamizar

Pese a la aparente contundencia de los hallazgos hechos en la casa del senador Alirio Villamizar, tanto la Corte Suprema como la Procuraduría decidieron abrir indagaciones preliminares antes de tomar cualquier medida de fondo contra él. El procurador Alejandro Ordóñez, ha dicho que la presunción de inocencia prevalecerá hasta cuando las pruebas derroten al investigado, quien hasta ahora ha permanecido en silencio.

Sin embargo, fuentes del Directorio Conservador dijeron que Villamizar tendría cómo demostrar que el dinero hallado en la caja fuerte del congresista procede de actividades lícitas y que el hecho de que no hubiese sido incorporado a la corriente financiera se relaciona con el hecho de que él y un grupo de familiares y socios lo acaban de obtener para iniciar una inversión. Pero los testimonios en su contra parecen tener hasta ahora mayor peso que sus eventuales explicaciones.