Los últimos retoques del acuerdo de cooperación militar

El canciller Jaime Bermúdez con Hillary Clinton cuando proclamaban que el acuerdo militar no incumbe a terceros países. Foto: AFP

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El martes 18, la secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, le anunciaron a la comunidad internacional que ya no habría marcha atrás en la firma del acuerdo de cooperación que permitirá a militares y contratistas del Pentágono usar por lo menos siete bases colombianas para perseguir desde allí a narcotraficantes y a terroristas.

Ambos buscaron también dar por cerrado un debate que durante los últimos dos meses copó la atención de medios de prensa sobre los posibles riesgos que la aplicación del acuerdo implicaría para la seguridad regional andina y dijeron que su desarrollo es un asunto bilateral que no 'compete' a terceros países, en clara alusión a la oposición que desde que se conoció el acuerdo bilateral han expresado varios gobiernos de la región, especialmente de parte de Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

El mismo día del encuentro, asesores de ambos gobiernos seguían trabajando en reserva para afinar algunos puntos del acuerdo que han generado resistencia en varios ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con el sensible tema de la inmunidad judicial, que sería reconocida a los militares estadounidenses y a contratistas en caso de que cometieran delitos en territorio colombiano.

CAMBIO ha podido establecer que los negociadores acordaron una modificación parcial al artículo relacionado con la impunidad y decidieron 'regularla' en un futuro acuerdo de cooperación judicial para evitar que se convierta en un factor dilatorio. Sobre la mesa quedó, no obstante, una propuesta llevada por Colombia, y no descartada del todo por Washington, en el sentido de que los militares estadounidenses que tendrán fuero ante la Justicia podrían ser juzgados en territorio colombiano por jueces enviados por su país.

La presencia de los funcionarios judiciales de Estados Unidos tendría como justificación principal el hecho de que las víctimas de los delitos tendrían la opción de acceder directamente a ellos para presentar sus testimonios y exigir la reivindicación de sus derechos.

Inmunidad, asunto complejo

Fuentes que revelaron a CAMBIO el contenido final del acuerdo explicaron que, aunque la opción no fue descartada, sí quedó "diferida en el tiempo" y sujeta a una negociación posterior que puede resultar compleja por sus implicaciones a la luz de la legislación internacional.

Por lo pronto, Colombia consiguió, en medio de una negociación intensa, que la inmunidad solo sea aplicable a los militares pero en ningún caso a contratistas y a civiles cuyos servicios sean requeridos por Estados Unidos cuando comience la ejecución del acuerdo.

Quedó establecido también que las autoridades colombianas, y por su intermedio las víctimas, tendrán derecho a ser oportunamente informadas sobre la marcha de los procesos judiciales adelantados en Estados Unidos hasta su conclusión.

En esencia el tema de la inmunidad quedó reducido a tres artículos, que plantean que todos los casos relacionados con dicha figura serán manejados según acuerdos vigentes con anterioridad. Una de ellas es un Acuerdo firmado en 1974 que, en dos de sus artículos (el 5 y el 11), determina que el personal de Estados Unidos destacado en Colombia con propósito de cooperación militar "gozará de los mismos privilegios e inmunidades que corresponde a funcionarios con rango diplomático".

En un segundo artículo, Colombia se compromete a garantizar, de acuerdo con la Convención de Viena, la existencia del fuero que hace inmune a los militares de Estados Unidos tan pronto como alguno de ellos sea señalado como posible autor de un delito. Esto quiere decir también que en caso de flagrancia debe ser puesto cuanto antes a disposición de su comandante o de quien represente la línea más inmediata de autoridad de su país.

La misma inmunidad que regirá en materia penal se hará extensiva también a las que sean consideradas faltas de carácter disciplinario. "Colombia -dirá al acuerdo- reconoce la importancia y autonomía del control disciplinario que  Estados Unidos ejerce sobre su personal militar y, por tanto, de conformidad con el acuerdo de 1974, autoriza la aplicación sobre él del Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos".

En este mismo aspecto Colombia se reservará la posibilidad de cooperar en las investigaciones disciplinarias y penales realizadas por Estados Unidos respecto a delitos o faltas cometidas en su territorio. De esa manera podría, por ejemplo, aportar pruebas para que las sanciones, cuando sean del caso, sean tomadas de manera drástica.