Agosto 19 de 2009
Unidad de Justicia y Paz: ¿Volver a empezar?
Una decisión de la Corte Suprema prácticamente obliga a la Unidad de Justicia y Paz a hacer borrón y cuenta nueva en varios procesos.
El viernes 31 de julio, los ocho magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reunieron en San Andrés para tomar una decisión que obliga a la Fiscalía a redoblar esfuerzos para intentar establecer la verdad que reclaman las víctimas como parte de la reparación por la violencia sufrida.
La sala acogió la ponencia del magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, y declaró parcialmente nula la providencia mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá halló responsable al jefe paramilitar Wilson Salazar Carrascal, 'el Loro', de homicidio agravado, falsedad en documento público y extorsión, lo condenó a una pena principal de 460 meses de prisión y a otra accesoria de 20 años de interdicción en derechos y funciones públicas, y además lo declaró elegible para obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
A la Corte le sorprendió que entre los cargos imputados por la Fiscalía no figurara el de concierto para delinquir. Según los magistrados, la investigación de este delito permite establecer cómo funciona una organización criminal, sus propósitos y las razones para escoger a sus víctimas, información indispensable para reconstruir la verdad que es elemento clave en un proceso de reparación de víctimas y necesaria para una sociedad interesada en lograr la reconciliación.
Sobre la base de estas consideraciones, la Corte les hizo un fuerte llamado de atención a los funcionarios que investigan y juzgan a los paramilitares desmovilizados, y les recordó que estos casos no pueden ser llevados como procesos rutinarios, que requieren esfuerzos mayores porque son "fenómenos de macro-criminalidad", y que su obligación es estudiarlos en el contexto del conflicto armado con el fin de identificar "los patrones de violencia" y dar con sus principales promotores. También les advirtió que tanto el país como la comunidad internacional esperan respuestas contundentes frente a las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos por parte de los violentos.
Ensayo fallido
El pronunciamiento de la Corte causó confusión entre varios fiscales de la Unidad de Justicia porque, según ellos, constituye un nuevo cambio de jurisprudencia del alto tribunal que, recientemente, había aceptado las imputaciones parciales como fórmula para evitar el estancamiento de los procesos (ver recuadro).
Pero la Sala Penal se anticipó a las críticas y anotó que, pese a que el objetivo de las imputaciones parciales es agilizar los procesos sin afectar los derechos de victimarios y víctimas, estas no pueden convertirse en práctica común porque, a la larga, eso conspira contra el objetivo de establecer la verdad. Según Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la decisión de la Corte obligará a su equipo a hacer replanteamientos de fondo, pues el caso de 'el Loro' era el primer experimento en la formulación de imputaciones parciales.
Pero independientemente de las razones de la Corte, lo cierto es que tanto el proceso de 'el Loro' como otros similares sufrirán retrasos notorios. 'El Loro' está en la escena judicial desde el 14 de diciembre de 2006, cuando rindió su primera versión en abril, y más de dos años después, el 28 de enero de 2008, le formularon cargos. "Es fundamental que la Corte fije pautas más claras sobre las condiciones procesales en las que sería viable y conveniente hacer imputaciones parciales -le dijo a CAMBIO la fiscal Deicy Jaramillo, destacada en Barranquilla-. Se trata de una carta de navegación que requerimos con urgencia".
Por lo pronto, la decisión de la Corte prácticamente obliga a la Fiscalía a hacer borrón y cuenta nueva para que haga el examen del delito de concierto para delinquir que exige el alto tribunal. Como el ensayo inicial resultó fallido, la Unidad de Justicia Paz deberá cambiar la estrategia para desempantanar un proceso que el Congreso, cuando aprobó la ley, consideraba ágil y expedito.
Larga espera en los estrados
Cerca de 23 casos que estaban a punto de ser juzgados, se verían retrasados como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema. Uno de los más complejos es el de Gregorio Mangonez, 'Carlos Tijeras', uno de los jefes del bloque Norte de las Auc, que se declaró responsable de 564 crímenes y 110 casos de desplazamiento forzado con más de 1.000 víctimas.
Otro caso en el que la Fiscalía había decidido hacer imputación parcial de cargos es el de 'don Antonio', el famoso custodio del computador de 'Jorge 40', que confesó 136 delitos y 128 casos de desplazamiento con más de 700 víctimas.