Los últimos retoques del acuerdo de cooperación militar

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"Las partes tratarán de crear y reforzar los procedimientos existentes, incluso mediante la posible celebración de los acuerdos", dice otro de los artículos que deja abierta la posibilidad de que en el futuro jueces de Estados Unidos puedan juzgar en territorio colombiano a militares de su país.

A esa misma posibilidad, que según analistas es remota, quedó sujeta la eventualidad de que autoridades colombianas puedan castigar conductas punibles cometidas por los 'marines' y que no estén relacionadas con el desarrollo de las operaciones de cooperación militar.

Concepto sin restricciones

Aunque ya las partes expresaron su satisfacción sobre el contenido, el acuerdo será oficialmente firmado después de que el Consejo de Estado emita el concepto sobre su viabilidad jurídica, según lo establece el artículo 237 de la Constitución Política.

Funcionarios de la Cancillería aseguran que el concepto estará limitado al tema concreto de la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Sin embargo, el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, le dijo a CAMBIO que el concepto podrá versar sobre cualquier aspecto "formal o sustancial" del acuerdo.

En relación con la explicación del magistrado, a diferencia de lo que ocurre con los conceptos que normalmente son solicitados por los ministerios, este no será resuelto exclusivamente por la Sala de Consulta y Servicio Civil, sino por todos los 27 magistrados que integran la Corporación. "Esto ocurrirá -dijo el presidente del Consejo- porque la misma Constitución distingue la función consultiva ordinaria de la que, en forma extraordinaria, se aplica para resolver un asunto de tanta importancia para el país como son su soberanía y su seguridad".

Voz de  alarma

Por estos días el tema de la inmunidad jurídica que cobijará a los 800 militares estadounidenses, que en los próximos días llegarán a las bases colombianas, volvió a ponerse en el centro del debate. Y todo por cuenta del testimonio de Olga Lucía Castillo, quien no ha podido borrar de su mente el momento en que dos militares norteamericanos, adscritos a la base de Tolemaida, Cundinamarca, retuvieron y violaron a una de sus dos hijas. Pero  sin duda lo que más carcome su alma es el hecho de que las pocas denuncias que puso ante las autoridades nunca tuvieron eco, porque los dos uniformados estaban 'blindados' ante la Justicia colombiana. Sin embargo, su relato prendió las alarmas sobre el convenio de cooperación internacional que firmarán los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Tanto así, que la próxima semana Castillo tendrá la oportunidad de narrar su historia en el Congreso de la República, cuando se reanude el debate sobre la conveniencia o no de la presencia estadounidense en siete bases nacionales.

"Libertad y democracia", las consignas del acuerdo

El capítulo relacionado con los objetivos del acuerdo resume sus principales alcances, así:

-  Habrá operaciones conjuntas "para abordar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia".

-  Habrá formación, capacitación e intercambios en el área de la inteligencia.

-  Periódicamente serán realizados ejercicios combinados para reforzar la capacidad de vigilancia y control sobre zonas afectadas por el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos transnacionales como el tráfico de armas.

- Según lo pactado, "las partes podrán celebrar un acuerdo de aplicación que establece un mecanismo rápido y eficiente para la autorización, la coordinación y el seguimiento adecuado a las actividades conjuntas . Las Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud de manera coherente con los principios de igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados".