Agosto 12 de 2009
Un contrato enreda aún más la situación del aspirante a fiscal Juan Ángel Palacio
Se trata de una asesoría con el Concejo de Bogotá que podría ser la clave para descifrar el quid de las relaciones entre el ex consejero de Estado y aspirante a fiscal y el concejal Hipólito Moreno.
Un contrato de asesoría con el Concejo de Bogotá podría ser la clave para descifrar el quid de las relaciones entre el ex consejero de Estado y aspirante a fiscal general Juan Ángel Palacio y el concejal Hipólito Moreno, relaciones que salieron a flote con la revelación de varias conversaciones interceptadas con autorización legal hechas en el curso de seguimientos al ex magistrado sobre quien pesan denuncias por supuesto tráfico de influencias.
En una de esas conversaciones -grabadas en los primeros días de septiembre de 2008 y reveladas en la edición 839 de CAMBIO-, Palacio le dice a Moreno, entonces presidente del Concejo y con un proceso de pérdida de investidura abierto en el Consejo de Estado, que acordó una cita con un funcionario del alto tribunal para buscar "un dato" que es vital para el concejal. "Sí señor, eso es absolutamente clave -le dice Moreno-. Estoy en sus manos, doctor Juan Ángel. Mil gracias".
Fuentes del Consejo de Estado sostienen que el ex magistrado estaba pendiente del resultado del proceso contra Moreno -lleva más de 40 meses sin resolverse- y todo indica, según fuentes del Concejo, que el contrato de asesoría legal (No. 050000-739-0-2008) por 20 millones de pesos y una duración de cuatro meses, adjudicado a Palacio por el Fondo Cuenta del Concejo -su manejo depende de la Secretaría de Hacienda- el 11 de septiembre de 2008 tiene que ver con ese asunto.
El objeto del contrato es asesorar a la mesa directiva del Concejo Distrital en "los procesos de carácter civil, laboral y contencioso administrativo", y varios concejales consultados por CAMBIO consideran que fue firmado, previa autorización de la mesa directiva encabezada entonces por Moreno, para pagarle indirectamente sus servicios de cabildeo ante el Consejo de Estado. "Aquí todos sabemos que ese contrato fue gestionado por Moreno para justificar los servicios que le prestó el magistrado -afirmó uno de ellos-. La fecha de la grabación coincide con la época en que se firmó el contrato".
Lo grave es que Palacio podría estar impedido para actuar ante la corporación a la que había pertenecido. Así lo establece el artículo 25 del Código Disciplinario Único, según el cual "ningún servidor público podrá gestionar, dentro del año siguiente a su retiro del cargo, negocios que conoció mientras estuvo en la función pública". Y Palacio, ex miembro del Consejo de Estado, tribunal que falla los procesos de pérdida de investidura, estaba al tanto del caso de Moreno.
CAMBIO intentó comunicarse con el aspirante a fiscal, pero no respondió las llamadas. No obstante, en reciente entrevista con Semana en la que se defendió de las acusaciones en su contra, aseguró que Moreno lo buscó para una asesoría jurídica que nada tenía que ver con su proceso ante el Consejo de Estado y que "por razones de reserva profesional" no podía comentar. Consultado Moreno, dio la misma versión y aseguró que el contrato fue para "hacerle seguimiento a las 78 demandas que hoy cursan contra el Concejo de Bogotá". Dicen que a la gente hay que creerle, pero en esta oportunidad las explicaciones de los implicados desafían la credibilidad.