CAMBIO revela nuevos detalles sobre las bases militares

Durante su discurso de instalación del Congreso de la República, el presidente Álvaro Uribe aseguró que el acuerdo militar no será lesivo para la soberanía. Foto: Alberto Urrego / Cambio

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El viernes 12 de junio, los funcionarios de Colombia y Estados Unidos que negocian un nuevo acuerdo de cooperación militar se anticiparon a la controversia pública que desató la noticia de que Colombia permitiría la utilización de cinco bases para operaciones militares estadounidenses  contra narcos y terroristas.

El borrador del acuerdo -seis capítulos y 25 artículos- de alguna manera reflejaba la intensidad del debate sobre aspectos tan sensibles como la inmunidad para los militares y contratistas norteamericanos, y hasta las diferencias de interpretación de términos que para cada una de las partes tenían connotaciones distintas.

Por ejemplo, los delegados del Pentágono proponían ajustar las condiciones de acceso a las bases a la legislación de Estados Unidos y a "la costumbre internacional", pero los colombianos insistían en que debían ceñirse a los tratados internacionales, suscritos por ambos, a la legislación colombiana y al concepto de soberanía contemplado en la Constitución colombiana. Y mientras Washington buscaba reservarse el derecho de hacer los cambios, mejoras y acondicionamientos necesarios en las bases colombianas desde donde operaría su personal militar y civil, Bogotá advertía que solo habría autorización para "pequeñas reparaciones y modificaciones", previa presentación de planos y diseños.

Ese día, los negociadores se pusieron de acuerdo sobre los alcances de algunos términos y decidieron suprimir la denominación de "buques de guerra" para las naves estadounidenses que operarían desde Bahía Málaga y la base de Cartagena, por considerar que sugería, en forma equivocada, que las bases colombianas iban a ser utilizadas en acciones ofensivas no solo contra el narcotráfico y el terrorismo, sino contra otros objetivos, lo cual  generaría tensiones con los países vecinos. El término acordado fue "buques de Estado" para denominar tanto a las naves de combate como a embarcaciones civiles de apoyo logístico.

¿Áreas restringidas?

Pero uno de los puntos críticos quedó pendiente de acuerdo: la habilitación de las áreas de acceso exclusivo a los militares estadounidenses en las cinco bases escogidas. Los representantes del Pentágono propusieron que se incluyera el siguiente artículo: "Las áreas construidas por Estados Unidos serán para su uso exclusivo hasta el retorno pleno de las bases a Colombia dentro de diez años".

Los colombianos pidieron abolir el artículo y dejar el tema para lo que llamaron un "acuerdo de aplicación", que sería administrado por "agentes ejecutivos de los dos países", y que regularía decisiones clave como el número de militares estadounidenses con acceso a las bases, las condiciones específicas de uso de las dependencias y el manejo de información clasificada.

Cuando se desató la polémica en Colombia porque el Gobierno estaba negociando un acuerdo con Estados Unidos a espaldas del Congreso y de la opinión, y los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se pronunciaron en contra de presencia militar de Estados Unidos en Colombia porque la consideran una "amenaza contra la seguridad regional", los negociadores se dieron cuenta de que dejar algunos temas para un acuerdo adicional de aplicación había sido lo más conveniente. 

La semana pasada, ya con el avispero revuelto, las partes acordaron una nueva reunión para la primera semana de agosto en la que se fijarán las reglas de juego y los alcances del acuerdo. Pero si la intención de los negociadores es apagar el fuego, tal como están las cosas no será un propósito fácil de  lograr porque en Colombia el debate está que arde por temas tan sensibles como el de la soberanía y la inmunidad para el personal estadounidense que opere en las bases. Muy pocos creen que los militares estadounidenses tendrán tantos controles como se dice en el papel y que las autoridades los mantendrán en cintura. Creen, más bien, que se moverán como 'Pedro por su casa'. Nada nuevo bajo el sol.

Y si en Colombia llueve, en el vecindario no escampa. El acuerdo de cooperación militar se cocina en momentos de alta tensión con los vecinos  que tienen las alarmas prendidas y los nervios crispados. Y aunque obedece  a la  urgencia de Estados Unidos que se quedó sin bases de operación contra el narcotráfico y el terrorismo en la región por cuenta del desmonte de la base de Manta en Ecuador, también responde a los compromisos de Colombia en materia de seguridad.

No obstante, y a pesar de que el canciller Jaime Bermúdez insiste en que el acuerdo de cooperación militar no debe despertar alarma entre los países vecinos porque está "exclusivamente circunscrito a Colombia, con la autorización y la cooperación exclusiva de Colombia", las dudas persisten.

No está claro si se trata de la continuidad de los convenios del Plan Colombia o más bien de una medida de precaución por el recorte significativo que ha sufrido el Plan desde 2007, o si en realidad van a ser bases militares con áreas de uso exclusivo de los Estados Unidos desde las cuales también podrán hacerse operaciones de inteligencia sobre terceros países.