Según investigadores que conocen el caso, se trata de la grabación de una conversación entre la entonces fiscal seccional 153 de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Alba Mery Otálvaro, y un superior suyo, donde este le reprocha fuertemente por una decisión que tomó en torno a un proceso que llevaba en su despacho y en el que los protagonistas son Irma Sus Pastrana, ex notaria 45 de Bogotá y familiar del ex presidente Andrés Pastrana, y el conocido constructor Mauricio Rachid.

La historia de este caso, que en agosto del año pasado fue denunciado por el columnista Daniel Coronell con el título 'El cambiazo', comenzó en diciembre de 2005 cuando la Fiscalía Seccional 153 de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública aceptó una acción penal por estafa de Sus Pastrana en contra de Rachid. El caso se resume en la compra por parte de Sus Pastrana de dos locales en el Centro Comercial El Retiro, al norte de Bogotá, a la firma de Rachid. El negocio no se pudo cristalizar porque la ex notaria consideró que los locales no cumplían con sus exigencias de compra y el constructor retornó el dinero y sus intereses, superior a los 1.200 millones de pesos, a través de dos depósitos judiciales en el Banco Agrario.

Cinco meses después, el fiscal a quien le correspondió el caso se declaró  impedido por su cercanía con la denunciante. El proceso entonces llegó a manos del fiscal Jorge Páez, quien, en primera instancia, precluyó la investigación. Sin ninguna explicación, el fiscal Páez fue removido de su cargo y asumió el despacho su asistente, la fiscal Alba Mery Otálvaro, quien ratificó la decisión de su antecesor.

Sin embargo, y por cuestiones de trámite, la fiscal Otálvaro no notificó su decisión a las partes, pero sí a su jefe inmediato, Juan Carlos Losada, coordinador de la Unidad. Lo que hoy ha llamado la atención es que la resolución de preclusión a favor de los constructores, fechada el 23 de abril de 2008 y de la que CAMBIO tiene una copia, fue sustraída inexplicablemente del proceso. A los pocos días, la fiscal Otálvaro fue relevada de su cargo y trasladada de manera intempestiva a Medellín, donde hoy trabaja.

Pero el escándalo no para ahí. Después de conocerse la decisión de Otálvaro, aparecieron dos certificaciones diferentes sobre la permanencia de la funcionaria en ese despacho. La primera dice que estuvo encargada hasta el 22 de abril de 2008 por lo que su resolución de preclusión, expedida un día después de esa fecha, no tendría validez; y la segunda, firmada por la misma Unidad, señala que ella trabajó hasta el 24 de abril de 2008, lo que indicaría que en efecto su resolución es válida. 

Las suspicacias aumentaron cuando en ese despacho fue nombrado el fiscal Harles Max Cortés que, en menos de dos meses, desconoció la decisión de Otálvaro y dictó resolución de acusación en contra del constructor Rachid y de sus socios.

Para los investigadores es claro que desde el principio el proceso ha estado dirigido a favorecer presuntamente los intereses de la ex notaria Sus Pastrana. Este argumento se sustenta en el hecho de que altos funcionarios de la Fiscalía habrían intervenido, al parecer de manera irregular, para reabrir un proceso que prácticamente estaba archivado.