Corte Suprema elegirá un fiscal que gozará de plenas simpatías en el Palacio de Nariño

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El menos uribista

 A Camilo Ospina le conviene que algunos voceros de la rama judicial lo consideren menos uribista que Palacio. También juega a su favor su cercanía con el ex presidente César Gaviria, dado el respaldo que el Partido Liberal le ha otorgado institucionalmente a la Corte Suprema en el enfrentamiento que sostiene con el Ejecutivo.

Hasta el momento contaría con un voto fijo en la Corte Suprema: el del magistrado Gustavo Gnecco, de la Sala Laboral, egresado de la Universidad del Rosario, como Ospina.

El alejamiento de la Rama Judicial puede ser tanto un lastre como una ayuda para Ospina, porque en su paso por el Ministerio de Defensa demostró capacidad gerencial para manejar entidades grandes, de modo que administrativamente estaría preparado para enfrentar ese tipo de retos en la Fiscalía General, una entidad con más de 20.000 empleados y con un presupuesto que es el 50 por ciento de todo lo que el Estado gasta en administración de Justicia.

Juega igualmente a su favor el hecho de ser percibido por la mayoría de los magistrados de la Corte como un funcionario serio, sin mayores compromisos políticos, lo que eventualmente le daría más capacidad de maniobra para integrar su equipo con personas de la propia Rama Judicial, específicamente magistrados auxiliares de la Sala Penal.

La candidatura de Virginia Uribe, por su parte, según fuentes consultadas por CAMBIO, parece ser la menos sólida en la Corte y su posibilidad de resultar elegida parece remota. De manera que, por ahora, Colombia no parece que vaya a tener una fiscal general. En contra de su aspiración confluyen tanto su bajo perfil como su casi nula experiencia en cargos públicos de alta gerencia, lo que resta grandes posibilidades a la hora de su elección por parte del alto tribunal.

Los retos

Pero más allá de la filiación política o del grado de independencia que tendrá el próximo fiscal frente al Gobierno, lo que está por verse es qué hará el sucesor de Iguarán con la compleja agenda que le espera. Los problemas empiezan desde asuntos meramente jurídicos, como el de la llamada 'Yidispolítica', los 'falsos positivos', los seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte y las cuentas del referendo reeleccionista, pasa por asuntos puramente administrativos, como el del presupuesto y el concurso de fiscales, y termina en temas que combinan los dos anteriores, como la modernización de la institución y la recuperación de su credibilidad, afectada por frecuentes escándalos de corrupción.

Pero, además, el nuevo fiscal general tendrá que hacer un esfuerzo enorme para no dejarse alinear con una de las dos partes que hoy mantienen un severo enfrentamiento en el país: la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia. Deberá, entonces, probar que no será un "fiscal de bolsillo" del Ejecutivo, que lo postula, ni tampoco un funcionario plegado a la voluntad de la Corte Suprema, que lo elige.

En principio, la actuación en los retos que impone la administración de Justicia marcará el éxito o el fracaso de la gestión del nuevo fiscal. Y estos no se limitan a los procesos en marcha, sino se extienden a la necesidad de consolidar el sistema acusatorio y tramitar los abultados expedientes del proceso de Justicia y Paz.

Sin embargo, para nadie es un secreto que también habrá consideraciones políticas que se agregan a las del campo judicial. Si el presidente Uribe es reelegido, por ejemplo, el tema de la independencia se volverá importante, pues tendrá que convivir con un mandatario que fue su jefe. Si no, igual la opinión pública seguirá con lupa sus decisiones en casos que afectan a altos funcionarios del Gobierno.